El Comercio – Intervención ve «indicios» de «responsabilidad contable» en la subvención de ‘Oviedo Doce Siglos’

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“Recuerda al equipo de gobierno que existe la posibilidad de remitir al Tribunal de Cuentas el expediente para su investigación

10.01.14 – 00:25 – G. D. -R. | OVIEDO.

Intervención considera que del expediente de fiscalización de la subvención concedida a la Fundación Gustavo Bueno se desprenden «indicios» de un supuesto delito de «responsabilidad contable» y recuerda en un informe a la junta de gobierno que puede remitirse el expediente al Tribunal de Cuentas para que investigue el supuesto ilícito penal. Se trata del mismo dictamen en el que acordó iniciar un expediente de reintegro de fondos para que la institución devuelva al Ayuntamiento más de 172.000 euros de la subvención de 800.000 que recibió para organizar los fastos conmemorativos de las distintas efemérides de la ciudad que coincidían en el año 2008. Una semana después, sin embargo, la junta de gobierno acordó el pago anticipado de una subvención de 54.000 euros a la Fundación Gustavo Bueno con cargo al Presupuesto de 2013.

Intervención considera que no existió una vulneración de la Ley General de Subvenciones, pese a que la fundación subcontrató con la aportación municipal a una empresa, Ingeniaqed, con vínculos familiares (hermana e hija) con patronos de la propia institución. De los 800.000 euros del convenio, 589.000 fueron a esta empresa para organizar la exposición central de los actos, ‘Oviedo Doce Siglos’. Sin embargo, en la fiscalización del expediente se concluye que Ingeniaqued solo hizo 282.193 euros de «gastos imputables al proyecto», la mitad de lo que la fundación presentó para justificar al Ayuntamiento por la muestra. No encuentra evidencia de la validez de los 179.127 euros en gastos de personal -una única persona contratada- aportados por las partes investigadas.

Subcontratación

Para Intervención, el ‘agujero’ se produce porque la fundación contrató directamente a la empresa sin pedir otras ofertas, lo que provocó un importante quebranto sobre los precios de mercado que podría haber obtenido la Administración de haber gestionado directamente los eventos. Estima que esa diferencia asciende al menos a los 172.374 euros, que considera «gastos no subvencionables», más los correspondientes intereses de demora desde 2008.

Fue el Grupo Municipal Socialista el primero en poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas las posibles irregularidades en el expediente, pero el órgano fiscalizador resolvió que la aportación todavía estaba en plazo de justificación. Con él casi vencido, a finales de 2012, Intervención tomó las riendas para evitar la prescripción e inició el procedimiento de fiscalización. El equipo de gobierno trató de desviar el proceso contratando una consultora externa para la fiscalización del expediente, pero retornó a manos del interventor. La fundación ha sostenido a lo largo de toda la investigación que el equipo de gobierno conocía la contratación directa de la exposición y que este era imprescindible.”

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