Congreso de los Diputados – Pregunta al Gobierno sobre asunción de responsabilidades tras el pacto secreto con General Dynamics para el cierre de Oviedo

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Gaspar Llamazares - Foto Congreso 210 de junio de 2014

“Preguntas del Diputado Gaspar Llamazares Trigo sobre Asunción de responsabilidades del Gobierno tras su pacto secreto con General Dynamics para el cierre de la fábrica de armas de la Vega (Oviedo, Asturias) dirigidas al Gobierno”

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre Asunción de responsabilidades del Gobierno tras su pacto secreto con General Dynamics para el cierre de la fábrica de armas de La Vega (Oviedo, Asturias), dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

El Ministerio de Defensa pactó en secreto con General Dynamics el cierre de la Fabrica de La Vega (Oviedo, Asturias). Las direcciones generales de lnfraestructuras, Armamento y Material del Ministerio de Defensa, el Ministerio de lndustria, y la Delegacion del Gobierno, aprobaron el traslado a Trubia.

Cerrar la Fábrica de Armas de La Vega costa 6,74 millones de euros. Solo el traslado de las armas y la maquinaria, se elevó a 3,4 millones. Un dinero que computó como pérdidas, y justificó el despido de 55 trabajadores, hace 13 meses. Los “números rojos” avalan el nuevo ERTE presentado por General Dynamics, que mandará al paro a una media de 213 trabajadores al mes, durante los próximos 18 meses.

Los informes aportados por Manuel Alba Navarro, secretario general del Congreso y letrado mayor de la Cámara (hasta su renuncia en febrero de 2014), demuestran que el cierre comenzó a fraguarse en 2011, cuando la multinacional pactó con Defensa la prórroga del contrato de la cesión de La Vega por 10 años. En el nuevo pliego de condiciones se establece que “la concesionaria, por interés propio, podrá proceder a la devolución de una o varias instalaciones, fábricas, establecimientos o centros, entre ellos la Fábrica de Armas de Guerra de Oviedo”. El 11 de abril de 2012, General Dynamics solicitó hacer efectiva la cláusula, para proceder al desmantelamiento de La Vega, y el traslado de la plantilla, la producción y parte de la maquinaria a Trubia. El Gobierno argumentó que el Estado no podía intervenir en la decisión de una empresa privada (el cierre), pero General Dynamics necesitó permisos e informes favorables por parte del Ministerio de Industria, la Dirección General de Infraestructuras y la Dirección General de Armamento y Material de Defensa, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno, para llevar a cabo la operación.

El Colegio Oficial de lngenieros de Armamento aprobó la redistribución de los talleres de Trubia, y el presupuesto del traslado, incluyendo Tratamientos (albañileria, reparaciones, demoliciones…) Montajes, Mecanizados, Maquinaria, Materiales y Armas. El coste final, como figura en el informe, asciende a 6,74 millones de euros, sumando el “total de las partidas del proyecto” (6,46 millones) y los “gastos generales mas el beneficio industrial” (279.805 euros). Los talleres de Trubia donde se aplicaban los tratamientos superficiales’, ahora son centros de montaje, y el antiguo taller de cohetes, hoy alberga la cabina de pintura. Todos los cambios, la redistribución y la adaptación de las instalaciones, elevaron el coste del traslado, junto a las licencias y permisos, que sumaron 229.583 euros mas. General Dynamics tuvo que reforzar el suministro eléctrico, de gas y de agua en Trubia, porque las instalaciones no podían asumir el ritmo de actividad que, supuestamente, iba a tener tras la incorporación de los trabajadores de Oviedo y las nuevas líneas de fabricación. La empresa recibio el visto bueno del subdirector general de Patrimonio del Ministerio de Defensa, Jose Manuel Gordillo, “siempre y cuando la ejecución de las obras, no incidan de forma negative en la operatividad de las instalaciones de la fabrica”. El subdirector general de Calidad y Seguridad del Ministerio de Industrie, Antonio Munoz, tambien aprob6 el proyecto, siempre que se adecuase al Reglamento de Seguridad Industrial, “de forma que se acredite ante el area de Industrie y Energia de la Delegacion del Gobierno”. Los ingenieros e inspectores militares, remitieron sus informes a la Delegacion dirigida por Gabino de Lorenzo, coma apunta el documento firmado por Jose Manuel Garcia, director general de Armannento del Ministerio de Defensa. Un largo y connplejo proceso administrativo, en el que tambien intervino la Guardia Civil, y que al final concluyo con el cierre de La Vega, 55 despidos directos, y un expediente de regulacion de empleo que afecta cada mes a 213 empleados. Todas las obras, permisos y transportes se pagaron a cargo de los “recursos propios de Santa Barbara Sistemas, que es propiedad al 100% de General Dynamics”, sin aportación de capital extranjero de la empresa matriz. For tanto, el gasto de 6,745 millones de euros (1.120 millones de pesetas), repercutió directamente en los resultados de la compañia.

En la solicitud de General Dynamics, se recoge que el traslado permitirá “la ampliación de sus actuales producciones, a nuevos tipos de armas de guerra”, cuando en realidad, se ha detenido la fabricación. General Dynamics solicitó en abril de 2013 mantener las autorizaciones para construir cada año 3.000 ametralladoras MG3; 500 fusiles M8C; 1.200 lanzagranadas; y 300 cañones MK30. Pero la maquinaria para producir ametralladoras se destruyó tras el cierre de La Vega, y la producción de lanzagranadas también está detenida. Además, la empresa no adquirió el equipamiento necesario para comenzar en Trubia la fabricación de cañones CTA de 40mm (300 al año). El proceso de integración de la fábrica de Oviedo en la de Trubia, no debería haber “alterado el ritmo de fabricación actual”, aunque la solicitud reconoce que la demanda de calibres medios y lanzagranadas “es prácticamente nula y las previsiones de crecimiento son negativas”. En teoría, el objetivo del traslado era reducir costes y asegurar la operatividad de General Dynamics en Asturias, y la posibilidad de hacer frente a nuevos pedidos. De las 140 máquinas de La Vega, la mitad acabaron en un desguace burgalés, limitando la capacidad de la factoría. General Dynamics incumple los compromisos adquiridos al conseguir las licencias para el traslado, cerrando talleres varios días a la semana y deteniendo la producción. Durante el verano, y por efecto del ERTE, varios talleres podrían quedar clausurados durante meses, para reducir al mínimo los costes. Los despidos temporales (una media de 213 al mes), podrían alcanzar durante ese periodo hasta a 300 trabajadores, dejando la plantilla de Trubia bajo mínimos, sin capacidad de real de poder asumir cualquier nuevo encargo, mientras al mismo tiempo, la empresa no tiene previsto que lleguen nuevos encargos. Cuando finalice el ERTE que este en marcha, la mayoría de los empleados habrán agotado su prestación por desempleo, y se irán a la calle sin compensación ni subsidio.

For todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

  1. ¿Como justifica el Gobierno su pacto en 2011 con la multinacional estadounidense General Dynamics para el cierre de la fábrica de armas de La Vega (Oviedo, Asturias), cuando posteriormente argumentó que el Estado no podía intervenir en la decisión de la empresa? ¿Por que no informó de ese acuerdo a los trabajadores?

  2. ¿Por qué el Gobierno concedió a General Dynamics permisos e informes favorables por parte del Ministerio de lndustria, la Dirección General de lnfraestructuras y la Dirección General de Armamento y Material de Defensa, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno, para Ilevar a cabo la operación de cierre de La Vega?

  1. ¿Por qué el Gobierno no ha exigido a General Dynamics que respete la cláusula de la solicitud, en la que la empresa se comprometía a que el traslado permitiría “la ampliación de sus actuales producciones, a nuevos tipos de armas de guerra”, cuando en realidad, se ha detenido la fabricación?

  2. z,Por que el Gobierno no exige a General Dynamics que cumpla los compromisos adquiridos al conseguir las licencias para el traslado a Trubia, cerrando talleres varios dias a la semana y deteniendo la produccion?

  3. ¿Es cierto que durante el verano de 2014, y por efecto del ERTE, varios talleres de la fábrica de Trubia podrían quedar clausurados durante meses, para reducir al mínimo los costes, y que los despidos temporales (una media de 213 al mes), podrían alcanzar durante ese periodo hasta a 300 trabajadores, dejando la plantilla de Trubia bajo mínimos, sin capacidad de real de poder asumir cualquier nuevo encargo?

  4. ¿Que medidas de protección de los trabajadores piensa promover el Gobierno en el caso de que, cuando finalice el ERTE que este en marcha, la mayoría de los empleados hayan agotado su prestación por desempleo, y les echen a la calle sin compensación ni subsidio?

Palacio del Congreso de los Diputactos

Madrid, 10 de junio de 2014

Gaspar Llamazares Trigo

Diputado de IU

Acerca de ensantabarbara

"Asociación 55 despedidos - Fábrica de Trubia" Trabajadores despedidos de la filial española de General Dynamics European Land Systems
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