El Comercio – «Cerrar la fábrica de armas de La Vega costó 6,74 millones de euros»

«Llamazares pregunta en el Congreso por un supuesto pacto entre Defensa y Santa Bárbara para realizar la operación»

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La fábrica de armas de La Vega cerró sus puertas en el otoño de 2012 tras más de siglo y medio de actividad. / MARIO ROJAS

«SUSANA NEIRA |  OVIEDO.

En abril de 2012, la empresa Santa Bárbara Sistemas comunicó el cierre sin posibilidad de negociación de la fábrica de armas de La Vega y el traslado de los obreros y la maquinaria a las instalaciones en Trubia en aras a garantizar la producción y los empleos. Más de un año y medio después del cese, con la única planta del sector en Asturias en mínimos por los continuos recortes de personal y la ausencia de nuevos contratos, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso Gaspar Llamazares revela nuevos datos sobre dicha operación: «Cerrar la fábrica de armas de La Vega costó 6,74 millones de euros».

Una cifra que, según sostiene, causó los números rojos que han precedido a los despidos. Se desglosan en varios capítulos, como la mudanza de armas y maquinaria, que se elevó a 3,4 millones, y la adecuación de La Vega para devolvérsela a su propietario. A lo que se suman otros 229.583 euros más para adaptar Trubia al traslado, según los datos aportados por Llamazares.

El polémico cese de actividad en La Vega se desarrolló sin un acuerdo con los sindicatos y respondió «a un pacto en 2011 con la multinacional estadounidense para el cierre», acusó el dirigente de IU, pese a que los responsables políticos se desvincularon entonces de dicha decisión al tratarse de una empresa privada.

Un argumento que se desmonta, aseguró Llamazares, en unos informes aportados por el secretario general del Congreso y letrado de la Cámara hasta febrero de 2014, Manuel Alba Navarro, y por los que «pedirá la asunción de responsabilidades del Gobierno».

El Gobierno central se desvincula del ERTE

Desde 2011

Según dicha tesis, el cierre de La Vega se gestó al negociar la prórroga del contrato de cesión de las instalaciones ovetenses. Incluía una cláusula que permitía a la sociedad – a quien el Gobierno central privatizó las antiguas fábricas estatales en 2001- cerrarlas y de la que hizo uso solo un año más tarde.

Hubo más concesiones. «El Gobierno argumentó entonces que el Estado no podía intervenir pero General Dynamics necesitó permisos e informes favorables» por parte del Ministerio de Industria, la Dirección General de Infraestructuras y la Dirección General de Armamento y Material de Defensa, la Guardia Civil y la Delegación de Gobierno».

Así recibió el visto bueno para asuntos como la redistribución de las naves trubiecas, el refuerzo del suministro eléctrico de gas y agua, o la garantía de que se adecuaba al reglamento de seguridad industrial. Unos trámites reclamados en su día por los sindicatos, como recordaron ayer desde UGT, y que finalmente incluso llegaron a manos del delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo.

Fue «un largo y complejo proceso administrativo, en el que también intervino la Guardia Civil, y que al final concluyó con el cierre de La Vega, 55 despidos directos y un expediente de regulación de empleo que afecta cada mes a 213 empleados», valoró Llamazares. Y donde tampoco se cumplió la previsión de aumentar la producción.

Además de este asunto, el Gobierno central deberá responder en el Congreso por qué no exige a la empresa que cumpla los compromisos adquiridos al solicitar dichas licencias y si es cierto que algunos talleres cerrarán este verano para minimizar costes, lo que elevaría los despidos temporales hasta los 300. O qué medidas promoverá para proteger a los trabajadores que hayan agotado su prestación por desempleo cuando finalice el Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Este año comenzaron a negociar Defensa y General Dynamics el cierre de la fábrica de armas de La Vega, según sostiene el diputado de IU Gaspar Llamazares.»