El Mundo – Los contratos del CGPJ están plagados de irregularidades

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JUSTICIA Conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas

Los contratos del CGPJ están plagados de irregularidades

MARÍA PERAL Madrid

Un demoledor informe del Tribunal de Cuentas desvela la “carencia de control interno” y las “deficiencias” en las contrataciones del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Expedientes cuestionados

Seguro de Responsabilidad. “Falta de rigor justificativo”. Uno de los expedientes de contratación examinados fue la polémica suscripción de una póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil para los jueces. Se adjudicó por procedimiento abierto y costó 223.551 euros, destinados a hacer frente a las indemnizaciones que deben abonar los jueces cuando son condenados por dolo o culpa. “No deja de ser un asunto controvertido”, señala el informe del órgano fiscalizador, ya que, si bien el CGPJ alegó que la póliza es un instrumento de refuerzo y garantía de la independencia judicial, “puede entrar en conflicto con el principio de responsabilidad de los jueces”. Con esa póliza no son ellos, sino el CGPJ con dinero público, el que cubre los daños y perjuicios que causan. El Tribunal de Cuentas “echa de menos” un «mayor rigor justificativo” de ese gasto en los documentos del expediente. Además, “no se determina correctamente el valor estimado del contrato” ni se hicieron estudios para la fijación del presupuesto base de licitación, que fue de 450.000 euros.

Ausencia de control. En 2010, el CGPJ decidió hacer una campaña institucional en prensa y radio para “prestigiar a los jueces” ofreciendo “una imagen positiva de su trabajo”. Se gastó 203.831 euros. El Tribunal de Cuentas señala que la ley de publicidad institucional (que no es de aplicación directa al CGPJ, “pero sí sirve de punto de referencia”) “prohíbe las campañas que tengan por finalidad destacar los logros de gestión”, ya que las campañas institucionales deben servir “a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”. El pliego de prescripciones estableció que la empresa adjudicataria se encargaría de evaluar la eficacia de la campaña una vez finalizada. “No consta esta evaluación”, indica el tribunal. Cuando el fiscalizador la pidió, el CGPJ entregó un documento que “se limita a una mera descripción del trabajo realizado”, pero no el alcance de la campaña, «lo que hace imposible la valoración de su impacto”.

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