A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita, sobre la adjudicación por el Gobierno de un nuevo contrato de vigilancia y seguridad a una empresa propiedad de un empresario indultado y actualmente imputado por un presunto delito de fraude fiscal.
El Ministerio de Defensa ha vuelto a adjudicar un contrato de vigilancia de algunas de sus instalaciones con la empresa Seguridad Integral Canaria S.A., propiedad de Miguel Ángel Ramírez, quien está imputado por un presunto delito de fraude fiscal que ascendería a más de 2,3 millones de euros. Fue indultado en 2013 por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por un delito medioambiental.
Según publica el Boletin Oficial del Estado (BOE) correspondiente al 29 de noviembre de 2014, la Dirección General de Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, asigna la “vigilancia y seguridad en Ia fábrica de armas de Oviedo” a la empresa de Ramírez durante el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de este año y el 31 de agosto de 2016.
El presupuesto de licitación de este contrato asciende a 299.879,62 euros. El pasado septiembre, Seguridad Integral Canaria S.A. se adjudicó otro contrato con Defensa para la vigilancia de más edificios propiedad del ministerio. La empresa también tiene asignada la seguridad en edificios de Patrimonio Nacional y en el Metro de Madrid.
El contrato con Defensa publicado en septiembre consistía en “servicios de seguridad y control para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos” y fue adjudicado a dos empresas:
Seguridad Integral Canaria S.A. y Proman Servicios Generales S.L. A la primera se le encargaban servicios de seguridad, mientras que a la segunda le correspondía ofrecer servicio de auxiliares de control, tales como conserjes o porteros. Todo ello por un montante final de unos 43 millones de euros.
Miguel Ángel Ramírez es el fundador y actual propietario de Seguridad Integral Canaria S.A. y también es presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. En noviembre de 2011 fue condenado a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, pero a finales de 2013 el Gobierno le indultó en contra de la opinión del fiscal.
Y a comienzos de este año, la Fiscalía presentó una querella en su contra ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por defraudar presuntamente 2,3 millones de euros al camuflar como dietas el pago de horas extra de sus trabajadores, causa por la que continúa imputado.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
l) ¿Por qué el Gobierno ha vuelto a adjudicar un contrato de vigilancia a la empresa Seguridad Integral Canaria S.A., propiedad de Miguel Ángel Ramírez, indultado en 2013 por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión y que actualmente se encuentra imputado por un presunto delito de fraude fiscal que ascendería a más de 2,3 millones de euros?
2) ¿Piensa el Gobierno anular el expediente de licitación del contrato, cuyo presupuesto asciende a 299.879,62 euros, iniciándolo de nuevo?
3) ¿Cuáles son los vínculos existentes entre el Gobierno o el partido que lo sustenta, que justifiquen su benevolencia con este empresario indultado y actualmente imputado?
4) ¿Es así como el Gobierno entiende su proclamada intención de luchar contra la corrupción?
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 2 de diciembre de 2014
Gaspa Llamazares Trigo
Diputado de IU
Antigua Empresa Nacional Santa Bárbara 