El Comercio – «Pedimos que nos devuelvan lo que nos quitaron porque fue un atropello»

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El colectivo de 55 despedidos de la fábrica de armas exige una vez más a los políticos que ofrezcan una solución y no solo «buenas palabras»

IDOYA REY OVIEDO  17 diciembre 2014  00:30

«¿Por qué yo?, ¿qué rompí para que me traten así?». Las preguntas resuenan en los despedidos de la fábrica de armas desde hace algo más de un año, desde que la empresa decidiera aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que les dejó en la calle. Se cuestionan qué pudieron haber hecho para ser ellos los elegidos, pues otros 191 empleados «salieron de la empresa con un plan de rentas, mientras a nosotros nos dieron una patada». No llevaban esos elegidos en el plan de prejubilaciones más tiempo en la empresa, y a algunos les separaba tan solo tres meses de diferencia de edad, pero fueron 55 los nombres elegidos, recordaron. Uno de ellos, fallecido recientemente, llegó a recibir el burofax de despido en el hospital donde iba a ser intervenido de un tumor cerebral.

La historia no es nueva. La llevan repitiendo meses, pero «ahora que llega la Navidad tenemos que insistir», aseguraron ayer tras celebrar una asamblea. A la misma asistieron concejales de los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento, «porque este problema laboral, este atropello que sufrimos, debe resolverse políticamente». Así, pidieron a los ediles presentes en la reunión que trasladaran sus reivindicaciones a sus superiores, «porque ya paso la época de las buenas palabras».

Todos los políticos con los que se han entrevistado en estos meses les han mostrado su apoyo, pero ellos siguen igual. Si acaso un poco más afectados moralmente porque ven, aseguran, como la empresa Santa Bárbara «opta a contratos como siempre defendimos. No existe ninguna crisis en el sector y la viabilidad va en auge». De hecho, ayer aportaron un documento del Comité Intercentros fechado el 11 de diciembre, en el que se subraya que «las plantillas están afrontando excesos en sus jornadas de trabajo y algunos centros contratan empresas de trabajo temporal que se suma al continuo desvío de trabajo a empresas subcontratadas».

Este escenario «nos reafirma en la convicción de la innecesaria ejecución de los despedidos forzosos, despidos que siempre entendimos injustificados y que la nueva situación de futuro nos da una nueva oportunidad de subsanar», relata el documento.

A parte de las reivindicaciones del comité de empresa y de las políticas, el próximo 21 de enero el Tribunal Supremo decidirá si admite sus recursos de casación pues el juez de la Audiencia Nacional no les admitió en el proceso. Aseguran que la empresa no presentó las cuentas consolidadas a pesar de tenerlas y sin las pérdidas de 79 millones anunciadas. «