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«11:30. sábado 10 de enero de 2015
Obedientes y subordinados
Los 55 trabajadores despedidos de la Fábrica de Armas de Trubia, al igual que los 11 trabajadores de Asturbega en Colloto, a los que ayer la dirección de la empresa les impidió la entrada, y por consiguiente la incorporación a sus puestos de trabajo; no cuentan con el apoyo, ni la implicación, de quienes tienen facultades políticas para intermediar por su situación. Desde hace 20 y 9 meses respectivamente, los ex trabajadores de la Fábrica de Armas, y los de Asturbega, viven una autentica pesadilla que no tiene fin. En el caso de las embotelladoras de Coca-Cola, la Audiencia Nacional sentenció en junio, que el ERE aplicado por la multinacional era ilegal, y que, por tanto, tenía que readmitir a los 1.190 trabajadores que habían sido despedidos. En Asturias, al igual que en otros centros de producción, la compañía solo les ofrece la incorporación en otras plantas, fuera de la comunidad, a lo que 11 trabajadores de Asturbega se oponen. Coca Cola Iberian Partners, además, les adeuda los salarios desde que la Audiencia Nacional dejó sin ningún efecto la aplicación del ERE.
La situación de los 55 despedidos de la Fábrica de Armas, depende de la decisión que tome el próximo 21 de enero el Tribunal Supremo. Dentro de una semana y media, el TC se pronunciará y emitirá sentencia, en relación a un ERE en el que concurren circunstancias muy parecidas al ERE de Coca Cola que anuló la Audiencia Nacional. Además, es probable, que Santa Bárbara Sistemas (General Dynamics) y el Ministerio de Defensa, pactasen una caída de los pedidos para cerrar -primero- líneas de producción (La Vega y La Coruña), dejando el terreno allanado para presentar, posteriormente, un ERE alegando falta de carga de trabajo. Sin embargo, y como desveló AsturiasDiario en junio de 2013, la Fábrica de Armas de Oviedo pudo optar -en 2011- a un contrato por valor de 180 millones de euros, para construir 20.000 ametralladoras MG-3 para el gobierno francés; que habría dado carga de trabajo durante, al menos, otros cuatro años. Pero Santa Barba Sistemas renunció al contrato, ya que tenía decidido el cierre de La Vega y el desmantelamiento de la Fábrica de Armas de Trubia.
Además de la presentación de un ERE, probablemente fraudulento, el Tribunal Supremo también tendrá que sopesar, en su pronunciamiento; el contrato para fabricar las barcazas de 589 vehículos blindados para el Ejército británico, y que asegura trabajo durante los próximos nueve años, en la Fábrica de Armas de Trubia, que tendrá que aumentar su personal para poder atender tan importante pedido. En este contexto, favorable para la fábrica y los trabajadores, es muy significativo el silencio del PSOE y el PP. Ni Javier Fernández, ni Agustín Iglesias Caunedo, que tienen capacidad de interlocución en Madrid, están metiendo presión para que el Tribunal Supremo se pronuncie a favor de los 55 despedidos de la Fábrica de Armas, y tampoco le piden cuentas a Rajoy por haber sido, cooperador necesario, del cierre de La Vega y del desmantelamiento de la industria armamentística en nuestra comunidad.
El mutismo de Caunedo es comprensible apelando a la inútil y servil disciplina de partido, teniendo en cuenta que está subordinado a las políticas exterminadoras de Mariano Rajoy; pero el silencio de Javier Fernández solo refleja su cobardía y la sumisión del PSOE asturiano a los dictados de Madrid.»
Antigua Empresa Nacional Santa Bárbara 