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El Poder Judicial investiga el cobro de primas y cita al presidente del TSJM
El CGPJ averiguará si los magistrados incurrieron en incompatibilidad al asesorar a Indra
Vieira justifica su proceder ante la información de EL PAÍS del pago de Indra a jueces
FERNANDO J. PÉREZ Madrid 23 FEB 2015 – 14:33 CET
El Consejo General del Poder Judicial investigará si los jueces y magistrados de Madrid que recibieron pagos de la empresa Indra por asesorar en la puesta en marcha de un sistema informático de tramitación judicial incurrieron en algún tipo de incompatibilidad. El Poder Judicial reacciona así a la información publicada por EL PAÍS sobre cómo la Comunidad de Madrid ha abonado a través de la empresa privada Indra compensaciones a jueces, fiscales y secretarios que participan en la renovación tecnológica de la justicia madrileña. Un total de 32 juristas han percibido desde 2011 unos 200.000 euros por asesorar en proyectos informáticos del Gobierno madrileño.
El promotor de la acción disciplinaria —el magistrado del Supremo que investiga las irregularidades de los jueces a instancias del CGPJ— ha abierto de oficio una «información previa» para averiguar si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, y otros jueces de la comunidad, respetaron su régimen de compatibilidades al percibir las compensaciones.
Según ha informado esta mañana el órgano de gobierno de los jueces, el promotor ha citado para este martes a Vieira en la propia sede del CGPJ. Además, la Comisión Permanente del CGPJ se ha reunido esta mañana para analizar la situación y ha acordado por unanimidad dirigirse al Servicio de Inspección del CGPJ para recabar la información necesaria para aclarar los hechos.
Francisco Javier Vieira sostiene la memoria del TSJM. La foto es de 2011.
Francisco Vieira ha emitido esta mañana un comunicado en el que defiende la legalidad de las primas cobradas por varios jueces por medio de la empresa Indra, detalla que todo el dinero ha sido declarado a Hacienda y explica que siempre consideró que la tarea que desarrollaban «estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al Consejo General del Poder Judicial la autorización o reconocimiento de compatibilidad». Entre otros motivos, porque el trabajo extra de estos jueces «redunda directamente a favor de la Administración de Justicia».
El magistrado explica en su nota que la Comunidad de Madrid fue la que requirió la colaboración de jueces y magistrados para crear grupos de trabajo que colaboraran en la puesta en marcha del nuevo sistema de gestión procesal. «Cada grupo de trabajo se formó con un magistrado y un secretario judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y funcionarios», dice la nota.
La retribución que recibieron se justifica así: «Como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa Indra, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este Sistema».
Vieira considera que el desarrollo de la nueva herramienta «difícilmente se habría logrado» sin la colaboración de estos equipos. En cualquier caso, aclara que todo ha sido declarado a Hacienda y que si no se consultó al Poder Judicial fue por su exclusivo criterio. «Desde el comienzo de la actuación de estos grupos de trabajo y comités», precisa Vieira en el comunicado, «he entendido que mi actuación y la de los Magistrados integrados en esos grupos estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343″.
El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha considerado un «gravísimo atentado» contra la separación de poderes los supuestos pagos de la Comunidad de Madrid. En una nota, el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, José Manuel Franco, ha explicado que los miembros de la función judicial «tienen prohibido recibir retribuciones de empresas privadas» por lo que «o se nos explica claramente qué es lo que está pasando en esta comunidad o tendremos todo el derecho del mundo a decir que estamos ante un Gobierno absolutamente corrupto».
El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, por su lado, ha pedido este lunes la comparecencia del presidente del Gobierno regional, Ignacio González, y del consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, para que informen sobre el pago de compensaciones a jueces, fiscales y secretarios por asesorar en mejoras informáticas.
Por su lado, el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha emitido un comunicado en el que cuestiona «la opacidad y las maniobras con las que [la Comunidad de Madrid] maneja el dinero público o los resortes legales para cuidar sus intereses» de lo que, afirma, «es prueba» la información que hoy publica EL PAÍS. El CSI-F, por su lado, ha exigido a la Comunidad que facilite «de manera inmediata información sobre la veracidad» de la información y sobre los criterios para elegir a las personas que han cobrado de Indra.
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Editorial – EL PAIS
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