Congreso de los diputados – RDL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

«Es una vulneración deliberada, consciente, utilizando el rodillo de la mayoría absoluta, con desprecio a la Cámara y a los ciudadanos. Es la misma actitud que ha tenido en esta legislatura el Ministerio de Defensa cuando se han dirigido a él colectivos de trabajadores vinculados directa o indirectamente con defensa, que han tenido conflictos laborales y no han encontrado acogimiento en el Ministerio de Defensa, o muy tarde. El caso de los trabajadores de las bases de Rota o Morón, las bases de Viator y Córdoba, los 55 despedidos de la fábrica de Trubia, en Asturias, en General Dynamics Santa Bárbara que ha dado lugar a una carta de cinco diputados asturianos, que espero que el ministro de Defensa se digne contestar»

(Diego López Garrido)

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES

REAL DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO. (Número de expediente 130/000071).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender el pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento. Para su presentación tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, subo a la tribuna de nuevo para presentar ante la Cámara el Real Decreto-ley 7/2015, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo. En él se autorizan créditos extraordinarios y un suplemento de crédito elevado, por encima de 856 millones de euros, en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Es una norma de carácter instrumental, pues se limita a habilitar créditos, pero créditos destinados a pagar obligaciones contractuales correspondientes a programas especiales de armamento para cubrir necesidades del Plan general de municionamiento y para la realización de obras en el Hospital Militar Central de la Defensa Gómez Ulla, en el marco de actuaciones relacionadas con el brote de ébola del año pasado.

La aprobación de este real decreto-ley tiene una singular importancia para España desde dos perspectivas distintas pero complementarias: desde el punto de vista de la defensa nacional y desde el punto de vista de la industria militar. Son dos ámbitos que este Gobierno no puede ni quiere descuidar, porque son esenciales para el presente y para el futuro de nuestro país, un país que quiere, que necesita contar con unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales y eficaces, un país que no puede descuidar sus necesidades de defensa en un mundo que se enfrenta a desafíos globales cada vez más inquietantes, un país que además cumple con los compromisos adquiridos con sus socios occidentales y con los proveedores de las industrias y un país que, por supuesto, está orgulloso de unas Fuerzas Armadas plenamente integradas en el concierto internacional y que están extraordinariamente bien valoradas por las misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz y de la seguridad que realizan en distintos lugares del mundo.

Desde el punto de vista de la defensa nacional, el Gobierno considera que España debe poder modernizar su armamento y material de defensa, en la medida en que lo permite la actual situación económica y presupuestaria, obviamente siempre en el marco de la restricción de gasto que ha singularizado a la actual legislatura y que tenemos que seguir manteniendo. El Ministerio de Defensa ha experimentado, como los demás, las políticas de austeridad en el gasto, como —insisto— ha hecho el conjunto de los ministerios del Gobierno de España, pero también ha tenido que ir dando respuesta al pago de compromisos adoptados en años anteriores, de la misma manera que lo han ido cumpliendo otros ministerios. En concreto, gracias a estas inversiones, se da cumplimiento a los compromisos adquiridos entre los Estados miembros de la Unión Europea en el desarrollo de la política común de Seguridad y Defensa para asumir los cometidos enumerados en el artículo 28 del Tratado de Lisboa y a los compromisos internacionales adquiridos por España a través de la iniciativa de capacidades de defensa de la OTAN, posteriormente redefinidos como compromisos de las capacidades de Praga. En este contexto se encuentra el crédito extraordinario de 856.440.673,35 euros destinados a afrontar los compromisos anuales derivados de los programas especiales de armamento del ministerio. Estos programas especiales tienen un sistema de financiación basado en anticipos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo destinados a la investigación y desarrollo. El pago de las adquisiciones se realiza con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa, momento a partir del cual el fabricante devuelve los anticipos al Tesoro público. Los programas, tanto por su volumen económico como por su complejidad industrial y tecnológica, suponen las más relevantes adquisiciones de sistemas de armas que realiza el Ministerio de Defensa.

La existencia de la crisis no puede convertirse en argumento populista y demagógico para desatender un ámbito de actuación que afecta al presente y al futuro de los ciudadanos, mucho más de lo que algunos quieren hacernos creer cuando desprecian la importancia de la inversión en la defensa de España. Por otra parte actualmente ya podemos apreciar los beneficios económicos que han supuesto las diferentes iniciativas del Ministerio de Defensa de replanificar y renegociar estos programas especiales de armamento.

Efectivamente las actuaciones desarrolladas han permitido generar unos ahorros de alrededor de 8.000 millones de euros tras haber rebajado el coste total proyectado —que ascendía a más de 37.000 millones de euros— a una cantidad por tanto cercana a los 29.000 millones de euros. Sin embargo los efectos de la replanificación dificultan la posibilidad de generar una previsión anual exacta del importe que hay que destinar al cumplimiento de estos compromisos, por lo que se ha optado por esta vía del crédito extraordinario para afrontar los pagos anualmente. Es el sistema que estamos utilizando a lo largo de la legislatura.

Decía, señorías, que este crédito extraordinario tiene una gran importancia desde el punto de vista de la defensa nacional, ya que permite a nuestras Fuerzas Armadas alcanzar un estándar operativo suficiente para responder y afrontar los riesgos y amenazas relativos a la defensa de la soberanía nacional española.

Pero también tiene una gran importancia desde el punto de vista del desarrollo de la industria nacional.

Los programas especiales de armamento han supuesto un importante incentivo para el sector industrial estratégico y puntero que genera más de 20.000 empleos directos de altísima cualificación. Es un sector intensivo en I+D+i, que exporta y que además genera patentes aplicables en otros campos ajenos al ámbito armamentístico. Al cumplir nuestros compromisos con este sector, además de insistir en la solvencia y en la credibilidad de nuestro país, estamos colaborando con el futuro de una industria muy cualificada, pero que debido a la crisis atraviesa por una situación delicada. Como saben sus señorías el Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el se concedió un crédito extraordinario al Ministerio de Defensa, por importe cercano a los 884 millones de euros para programas especiales de armamento, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por más de cincuenta diputados de esta Cámara. Para generar seguridad jurídica proponemos que el real decreto-ley que estamos sometiendo ahora a la convalidación de la Cámara se tramite como proyecto de ley, dando también así seguridad al pago a los proveedores.

De esta manera reforzamos la viabilidad de las empresas y ayudamos a garantizar el empleo de calidad que estas generan.

Como les decía al inicio de mi intervención, además de los programas especiales de armamento, este real decreto-ley también recoge un crédito extraordinario de 6 millones de euros para atender a las necesidades adicionales del Plan de municionamiento de las Fuerzas Armadas que no se habían contemplado en el ejercicio ordinario, así como un suplemento de crédito de 4 millones de euros para la continuación de los trabajos de remodelación de la planta 22 del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla como unidad de aislamiento hospitalario de alto nivel. Como es conocido este plan de remodelación en el citado centro sanitario se puso en marcha durante el inicio de la crisis del ébola el año pasado, y con él se pretende potenciar la capacidad de respuesta ante posibles brotes de esta enfermedad, y de otras de similar cariz, reforzando los medios disponibles y estableciendo infraestructuras para atender posibles necesidades futuras, como el internamiento hospitalario de enfermos infecciosos.

Por lo que se refiere a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados en el Real Decreto-ley 7/2015, para el Plan de municionamiento y para las actuaciones relacionadas con la remodelación del Hospital Gómez Ulla, las necesidades a cuya cobertura atienden estos créditos no constituyen obligaciones exigibles de la Administración no discrecionales —entre comillas no discrecionales— en el sentido presupuestario, sino que se trata también —como los del Real Decreto-ley 6/2015— de posibilitar la realización de actuaciones que se enmarcan en el ámbito de la discrecionalidad propia de la acción de gobierno. En consecuencia no es posible la financiación con el Fondo de contingencia, por lo que se financian con deuda pública.

Respecto al crédito que se dota para los programas especiales de armamento tiene como finalidad proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores, por lo que no se trata de atender la cobertura de necesidades imprevistas, y en consecuencia no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley General Presupuestaria respecto de la financiación con el Fondo de contingencia.

En consecuencia el crédito extraordinario se financia con deuda pública, lo que requiere la tramitación de una norma con rango de ley, de conformidad con lo dispuesto en artículo 13.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La base jurídica de los créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito aprobados en ambos reales decretos-leyes se encuentra en el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria, donde se establece la obligatoriedad de esta tramitación cuando haya de realizarse, con cargo al presupuesto del Estado, algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado. Además concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas en el artículo 86 de la Constitución, por lo que el Gobierno ha tenido que hacer uso de la facultad contenida en dicho artículo, y ha tenido que aprobar el real decreto-ley que se presenta para la convalidación ante esta Cámara.

Confío en que, si no la totalidad de los grupos, la mayoría de los mismos -de los diputados- entiendan la importancia de las inversiones para la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, para la defensa nacional, y para la industria española, y que determinadas posiciones que se autodenominan antimilitaristas, completamente trasnochadas en nuestros días, puedan ser superadas de una vez ante los retos globales de seguridad a los que nos enfrentamos. En esa confianza pido al Congreso la convalidación de este real decreto-ley.

Gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que tiene la palabra el señor López Garrido. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, yo esperaba hoy que ahí estuviera sentado el señor Morenés y no el señor Montoro, que parece que es el superministro que vale para todo: para ministro de Economía, para ministro de Defensa; a lo mejor es un anticipo de una próxima remodelación ministerial, donde el señor Montoro está pensado para ocupar el Ministerio de Defensa y se está entrenando esta mañana aquí en el hemiciclo con este decreto-ley; decreto-ley por otra parte habitual, el de todos los años, aunque en esta ocasión un poco antes del verano —que es donde solían situarlo— el decreto ley de los programas especiales de armamento, quizá porque están pensando en una disolución anticipada del Congreso de los Diputados y del Senado, o porque quieren alejarlo —esto puede parecer una decisión impopular— de las elecciones.

En fin, por las razones que sean, lo cierto es que ustedes demuestran con esto que siguen adictos al decreto ley. Ustedes están narcotizados por el decreto ley como una fórmula de gobierno que evita el control parlamentario, y además en un asunto tan importante como los programas especiales de armamento. Es un asunto de especial relevancia, un asunto controvertido, polémico, y con muchos ángulos, sobre un armamento que fue encargado cuando el señor Morenés estaba de secretario de Estado en el Gobierno de Aznar, que en buena parte este armamento no es útil en este momento, en el tiempo de la era de los drones y de las misiones internacionales, y que hubiera requerido un tratamiento en esta legislatura mucho más inteligente, un tratamiento de mayor altura. Sin embargo la gestión del Gobierno sobre estos programas especiales de armamento en esta legislatura ha sido la historia de un fracaso, desde el punto de vista presupuestario y económico: es la losa del presupuesto del Ministerio de Defensa, y un fracaso desde el punto de vista político, porque el Gobierno y el Ministerio de Defensa han sido incapaces de lograr el mínimo consenso con los grupos parlamentarios.

Nosotros esperábamos del señor Morenés, que es un hombre que viene de la industria armamentística, que hubiera sido capaz de renegociar o reprogramar adecuadamente estos programas especiales de armamento. No conocemos que haya ningún tipo de renegociación al respecto parecida a la que han hecho países como Francia, Italia y Alemania, y esto dificulta enormemente que se puedan abordar proyectos de futuro. Hay proyectos de futuro que son interesantes de examinar como es el caso del vehículo 8×8 o el caso de los aviones no tripulados, pero claro, no resolver el pasado dificulta afrontar esos problemas de futuro sobre los que nos hubiera gustado que el señor Morenés nos hubiera explicado —no sé si el señor Montoro tendrá conocimientos al respecto— qué pasa con estos proyectos de futuro, que están bastante condicionados por no resolver el fondo del problema de los programas especiales de armamento, que afectan por tanto a la operatividad de las Fuerzas Armadas y a la propia seguridad de la industria española, así como de la investigación, el desarrollo y la innovación. Lo único que el señor Morenés ha conseguido ha sido ordenar pagos como un buen contable y como un tesorero, nada más, pero desde luego nada de ir al fondo de la cuestión que ha dividido profundamente a la Cámara, que son los programas especiales de armamento y su no tratamiento adecuado por parte del Gobierno. Ahí están los programas especiales de armamento como una losa y como un peso enorme que está dificultando que haya otras actividades dentro de la defensa, que ha dificultado y dificulta el adiestramiento, el mantenimiento del material, y la operatividad inmediata de las Fuerzas Armadas, que están condicionadas, bloqueadas y colapsadas por ese enorme peso de los programas especiales de armamento, y por tanto no es un instrumento de modernización de las Fuerzas Armadas españolas, y no ha podido servir precisamente por eso.

Es un fracaso político también, y profundo, porque el Gobierno no ha querido acercarse a los grupos parlamentarios en ningún momento para llegar a un acuerdo al respecto. Nos prometieron al principio que iba a haber un acuerdo con los grupos, nos iban a convocar para ver cómo se afrontaba este asunto, y nos encontramos en el verano de 2012 con un decreto ley —el primero de los cuatro, este es el cuarto, que es siempre el mismo modelo—, con unas cantidades establecidas, ya sabidas, y lógicamente lo que el Gobierno ha obtenido ha sido una enmienda de totalidad, permanente, de todos los grupos parlamentarios respecto de los programas especiales de armamento, que es precisamente un asunto que debería haber tenido muchísimo más consenso. El Gobierno ha renunciado en absoluto a cambiar una coma de ello, y para nada se ha preocupado de acercarse a los grupos parlamentarios para obtener ese necesario consenso, y no es porque tuviéramos una actitud no constructiva. El Grupo Socialista —hablo en su nombre— ha tenido una actitud constructiva en todo momento, específicamente en el campo de la defensa como una cuestión de Estado, y se ha visto, por ejemplo, en el Observatorio de la vida militar, se ha visto en los acuerdos en el régimen disciplinario militar, parcialmente en el Código Penal militar, el apoyo a las misiones internacionales o el impulso a la industria. Ayer en la Comisión de Defensa tuvimos un ejemplo de nuestra posición respecto al apoyo, por ejemplo, al programa A-400M, pero en los programas especiales de armamento el Gobierno no ha querido cambiar absolutamente nada, y ha huido del acuerdo con los grupos, como hoy ha huido de este hemiciclo el ministro de Defensa, lo cual no es precisamente una virtud muy militar el no ser capaz de estar ahí sentado, y enfrentarse a la posición de los grupos cuando estamos contradiciendo ese decreto ley que debería haber defendido, no usted, señor Montoro, sino el ministro de Defensa, el señor Morenés, que ha huido hoy de este hemiciclo. (Aplausos).

La expresión de esa política, de ese fracaso, de ese doble fracaso político es la fórmula del decreto-ley para los programas especiales de armamento, que es como una bofetada constante al Parlamento en un tema de tanta relevancia económica y para la política de defensa. No sirve que usted diga que luego se va a tramitar como proyecto de ley, porque el decreto-ley está ya en vigor. Ustedes ya han podido librar los pagos desde el momento en el que se aprobó el decreto-ley, y la fórmula del decreto-ley sigue siendo igual de inconstitucional como proyecto de ley posterior o no. No deberían haber aprobado este decreto-ley. Si pensaban hacerlo como proyecto de ley, ¿para qué lo han traído? ¿Para qué han aprobado un decreto-ley si luego iban a hacer un proyecto de ley? Me imagino que alguien les habrá avisado en última instancia de que esto es un problema serio que afecta a la seguridad de la industria de defensa, pero lo cierto es que el decreto-ley ya está en vigor. No sé lo que habrán hecho ustedes hasta ahora, pero pueden perfectamente haberlo pagado ya. Está en vigor. Esto es una mera convalidación. Luego habrá un proyecto de ley que ya veremos cómo acaba en esta legislatura, pero el decreto-ley sigue estando ahí. Y no solo lo han hecho en esta ocasión.

Llevan toda la legislatura intentando engañar al Parlamento con unos Presupuestos Generales del Estado donde no incluyen cantidades enormes de gastos de defensa, que luego incluyen en un presupuesto —entre comillas— posterior del verano: los programas especiales de armamento. Pero no solo eso: también los pagos de misiones en el exterior, organismos autónomos vinculados a defensa, I+D+i militar.

Todo eso lo sacan del presupuesto en diciembre, seguramente para ocultarle el déficit a la Unión Europea, y lo colocan en el siguiente verano en donde ya no computa para déficit. De esa forma hay una pretensión de engaño a la Unión Europea en esa doble fase de los presupuestos generales de defensa, que es una novedad que han inventado ustedes en esta legislatura. En definitiva es la ausencia de transparencia. En vez de ir al presupuesto o a un proyecto de ley, es presentar, con todo descaro, año tras año, un decreto ley sobre cantidades importantísimas de gastos de defensa, vulnerando la Constitución española, porque ese decreto ley, por mucho que luego se desarrolle como proyecto de ley, ya ha vulnerado la Constitución española, porque no se puede hacer un decreto-ley para gastos previstos. Es una vulneración deliberada, consciente, utilizando el rodillo de la mayoría absoluta, con desprecio a la Cámara y a los ciudadanos. Es la misma actitud que ha tenido en esta legislatura el Ministerio de Defensa cuando se han dirigido a él colectivos de trabajadores vinculados directa o indirectamente con defensa, que han tenido conflictos laborales y no han encontrado acogimiento en el Ministerio de Defensa, o muy tarde. El caso de los trabajadores de las bases de Rota o Morón, las bases de Viator y Córdoba, los 55 despedidos de la fábrica de Trubia, en Asturias, en General Dynamics Santa Bárbara que ha dado lugar a una carta de cinco diputados asturianos, que espero que el ministro de Defensa se digne contestar. Los ciudadanos se dan mucha más cuenta de lo que ustedes creen de estas cosas, y se lo han hecho saber ustedes el domingo, señor Montoro. No se puede gobernar a base de decretos-leyes, amordazando a la oposición hasta en asuntos que nada tienen que ver con un tratamiento por medio de un decreto-ley.

Nosotros nunca hemos negado -ayer fue otra expresión en la Comisión de Defensa de ello- la necesidad de pagar las obligaciones. Pero sí hemos exigido un debate parlamentario abierto, propio del Parlamento, no los debates cerrados propios de los decretos-leyes, que se sustancian en unos minutos una vez al año. Han abusado de su mayoría absoluta en estos años, y nos han abocado a un recurso de inconstitucionalidad al que usted ha hecho referencia, señor Montoso, que solamente el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara está en disposición de poder liderar y presentar. Y después de este trámite, ya le anuncio que presentaremos otro recurso de inconstitucionalidad por este decreto-ley, ya en vigor, con independencia de que luego sea tramitado o no como proyecto de ley. No hay por dónde cogerlo, como no ha habido por dónde coger todos los anteriores decretos-leyes que han hecho ustedes.

No hay urgencia, porque ustedes crean artificialmente esa urgencia cuando no sitúan en los Presupuestos Generales del Estado las cantidades adecuadas, y luego viene el argumento cínico de que, como no está en los Presupuestos Generales del Estado, hay que hacer un decreto-ley o hay que fijar un crédito extraordinario. Evidentemente han creado ustedes esa necesidad, y desde luego no hay urgencia para que traigan ustedes aquí un decreto-ley cuando se podían haber ahorrado ese decreto-ley, y haber traído un proyecto de ley desde el principio, cosa que han intentado arreglar chapuceramente, deprisa y corriendo -seguramente ayer por la tarde-, para decir que después van a tramitarlo como proyecto de ley. Todo esto a lo que lleva es a que la gente piense que tienen algo que ocultar. ¿Por qué esa fórmula autoritaria e inconstitucional del decreto-ley y dar lugar a sospechas seguramente innecesarias? Desde luego en absoluto extraordinaria necesidad, como dice la Constitución.

El dictamen del Consejo de Estado que tengo aquí, página 37, es clarísimo. Dice el dictamen que se ha hecho para este decreto-ley: Respecto a los programas especiales de armamento el crédito tiene como finalidad proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores, por lo que no se trata de atender a la cobertura de necesidades imprevistas. Es clarísimo: No se trata de atender a la cobertura de necesidades imprevistas. Es decir, son necesidades previstas, y por tanto es imposible aceptar un decreto- ley para necesidades previstas. Lo dice el Consejo de Estado, y, señor Montoro, incluso lo dice su Dirección General de Presupuestos en el informe que acompaña a este decreto-ley: Son necesidades absolutamente previstas. Estamos por tanto ante una decisión contumaz, que no es gratis, que no es gratis para la propia industria. Seguramente esto que han hecho ustedes, deprisa y corriendo, de decir: pero luego vamos a hacer un proyecto de ley, es precisamente por la llamada de la industria. A mí me llamaron los representantes de la industria el año pasado para mostrar su inquietud por ese recurso de inconstitucionalidad que presentamos, como consecuencia de un decreto-ley inconstitucional. Teníamos la obligación de presentar ese recurso por esa inconstitucionalidad. Me llamaron preocupados por la inseguridad que supone para la industria el tener pendiente un recurso de inconstitucionalidad que puede dar lugar a una nulidad de ese decreto-ley -yo espero que así lo decida el Tribunal Constitucional-, con las consecuencias sobre los pagos realizados, que no sabemos qué puede decir el Tribunal Constitucional. No es que nosotros vayamos en esa dirección, pero podría suceder, y es una muestra de irresponsabilidad volver otra vez a presentar un decreto-ley -por cuarta vez- cuando saben perfectamente que es un decreto-ley directamente inconstitucional, de libro, algo que cualquier jurista muy fácilmente les puede decir, y que desde luego los juristas del Gobierno y del Ministerio de Defensa seguro que saben. Es un ejercicio de irresponsabilidad que no da réditos a nadie, ni siquiera a ustedes, como se ha comprobado recientemente.

Nosotros vamos a votar que no a este decreto-ley que es propio de una política sin proyectos, sin objetivos, aislacionista, sin capacidad de ampliar acuerdos en un asunto tan trascendental para la defensa de nuestro país y para la industria española, porque la Constitución, señor ministro, se defiende acatándola; así se defiende la Constitución, acatándola, y desde luego no es lo que han hecho ustedes en estos cuatro años con los decretos-leyes de los programas especiales de armamento.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor López Garrido.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Hay cosas que nunca cambian: cuando empieza el calor, ¡zas! El tradicional decreto que aumenta la partida para pagar armamento. A veces es en agosto, en plenas vacaciones, este año ha sido la semana después de las elecciones, a ver si pasa desapercibido con el tema de los pactos y las constituciones de los ayuntamientos, y mientras la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social sigue avanzando, y ya representa el 29,2% de la población, era del 26% en el año 2010 —herencia recibida que recibiremos los siguientes—, el 35% menores de treinta y cinco años, y también retroceden los ingresos medios por hogar. El índice Arope, que tiene tres variables: la carencia material severa, la baja intensidad en el empleo o el riesgo de pobreza, de acuerdo con esos datos, de 46,5 millones, unos 13,5 millones de personas cumplirían alguno de los tres criterios que definen este concepto. Son datos escalofriantes que evidencian el fracaso estrepitoso de su Gobierno. El PP se ha convertido en un fabricante de pobreza y de desigualdad, y mientras tanto hoy discutimos sobre un crédito extraordinario del presupuesto de defensa. ¿Es esto lo que la gente está esperando? ¿Es eso lo que quieren las personas? ¿Urgen misiles, fragatas, obuses, o urgen políticas sociales, políticas de bienestar? ¿Hay compromisos contractuales?

Pues tendremos que decir que tendrán que esperar, los que no pueden esperar son las personas que no tienen absolutamente nada, ningún ingreso, 770.000 hogares, en un año hay un millón de personas más en riesgo de pobreza, destinar 856 millones de euros para armamento debería poder esperar, esas familias no pueden esperar, no pueden esperar más. Ustedes han demostrado una y otra vez para quién gobiernan y qué intereses rigen sus decisiones, dónde están sus prioridades, y hoy lo han vuelto a hacer, con un calendario de pagos que hipoteca las cuentas del ministerio hasta el 2030; hasta el 2030. Sí además ustedes ya tienen un calendario de pagos, ¿por qué no se reflejó en los presupuestos generales?

Hacerlo por real decreto es un fraude, porque ustedes ya sabían que tenían que hacer ese pago.

Acabo. Hablemos de herencias recibidas. ¿Quién firmó estos compromisos de compra de armamento?

¿Fue el Gobierno del señor Aznar? ¿Cuánto nos constará al final este programa de compra de armamento?

¿30.000 millones? Lo dicho, sencillamente inmoral.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Montoro, una vez más nos trae un nuevo real decreto para incrementar a cargo de deuda pública 856 millones de euros los ingresos del Ministerio de Defensa, y una vez más evidentemente tenemos que votar en contra, porque como dice usted hay algunos que no podemos entender esta cuestión. Desde que cogieron la moda de todos los años hacer un real decreto-ley para, por esta vía, incrementar los ingresos de defensa, ya llevan ustedes 4.500 millones de euros aportados a este ministerio.

Pero mientras ustedes hacen esto nos venden en la campaña del debate de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno, que es un Gobierno que está a disposición de las personas y que quiere hacer unos presupuestos sociales, reduce en defensa, con lo cual, como ya les hemos dicho en alguna ocasión en el debate presupuestario, hacen ustedes unos presupuestos trampa —siguiendo algunas de sus expresión es—, porque nos traen por vía de urgencia y como extraordinario algo que es ordinario, porque si no fuera ordinario no podrían estar todos los años haciendo el mismo gasto. Además —usted mismo lo dice y lo dice la exposición de motivos— esto es para afrontar un gasto de 37.000 millones de euros hasta 2025-2030. Es decir, es un compromiso adquirido. Van a echar ustedes balones fuera porque es un compromiso adquirido por otros, según ustedes. Lo cierto es que en un momento como este, donde un Gobierno debería poner las personas por delante de cualquier otra cuestión, ustedes siguen invirtiendo en armamento, siguen invirtiendo, como dice usted, en la modernización del ejército. Resulta que —y no lo dice el Bloque Nacionalista Galego sino informes muy serios que existen— el Estado español es el segundo después de Estados Unidos que más invierte en investigación militar. En cambio —también de acuerdo con informes serios—, es el primer Estado del mundo que menos invierte en investigación civil.

Por lo tanto, señor ministro, este Gobierno parece un Gobierno militarista, más que un Gobierno, como quieren vender ustedes en la campaña de los presupuestos generales, que quiere afrontar las necesidades de las personas. Evidentemente, esto es falso a la vista de esos presupuestos y de los numerosísimos recortes que han hecho y que han dejado a los servicios públicos en las condiciones en las que están.

Fíjese, han incrementado en 4.500 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Defensa en estos años que llevan gobernando, y desde el año 2011 hasta el año 2014 han reducido en 5.500 millones de euros el pago por prestaciones a las personas paradas, y eso que incrementaron los parados en más de 320.000 personas, pero en cambio han dejado fuera de toda cobertura a muchos de ellos.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Fernández, tiene que ir terminando.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.

Dice usted que algunos no vamos a entender esto porque somos trasnochados —dijo trastornados, no sé si sería un lapsus linguae o al final era lo que usted estaba pensando— los que somos antimilitaristas o antiincremento del gasto militar. Sí, somos antimilitaristas porque somos antibelicistas, porque creemos en la paz y porque creemos que el arma más importante para garantizar la paz es un reparto de la riqueza que permita a la humanidad sobrevivir. Evidentemente, esto no es trasnochado; esto puede ser una utopía pero es una utopía brillante para poder trabajar y defender el derecho de las personas y no armar a los Ejércitos para hacer las guerras.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, me indigna un tanto que vuelvan a mentirnos; de hecho que nos mientan de forma repetida, a nosotros y a la ciudadanía año tras año. Ya advertimos que mentían en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Cito textualmente, si me permite, un párrafo de la intervención de este mismo diputado en el debate de los Presupuestos Generales del Estado cuando me dirigía al ministro Morenés y le decía textualmente: Uno se pregunta cuál será el presupuesto finalmente ejecutado. Podríamos hacer una porra usted y yo —le decía al ministro Morenés—, aunque usted no querrá. Yo creo que más o menos serán unos 800 millones más, y quizás nos quedemos cortos. Bien, hoy usted nos da la razón. De hecho, incluso nos quedamos un tanto cortos, porque lo que usted hoy nos trae aquí es un incremento de casi 850 millones de euros. Para nosotros esto es una verdadera vergüenza porque ya estamos embarcados en una deuda de más de 30.000 millones de euros en compra de material militar, lo cual significa que cada uno de los ciudadanos tiene que asumir 600 euros de deuda. Además, en ningún momento han sido capaces de cuestionar esta espiral, esta ecuación perversa, sobre todo teniendo en cuenta dos cuestiones: en primer lugar, que ya pagamos cada uno de los ciudadanos un euro al día en gasto militar y, en segundo lugar, aquello que ya anunció el ministro Morenés hace poco de un nuevo gasto militar de 10.000 millones. Todo ello, por supuesto, a cargo de la deuda pública, es decir, los recortes que se exigen a la ciudadanía y a la inversión social que hacen las comunidades autónomas y los entes locales para reducir esta deuda, está siendo utilizada para generar nueva deuda a cargo del gasto militar, lo cual genera un ciclo perverso —cerrar hospitales para comprar carros de combate, por ejemplo—. Esto no solamente debería hacer cuestionar los valores que están en su programa electoral, sino también hasta qué punto todo ello acaba siendo absolutamente perverso, porque esta lógica nos lleva a la siguiente conclusión: aquellos mismos que generaron la crisis, aquellos mismos que la están gestionando, no solamente acabarán saliendo de la crisis mucho más enriquecidos, sino que además, gracias a su discurso político y gracias a sus aplicaciones parlamentarias y gubernamentales, ni siquiera serán capaces de cuestionar el modelo, con lo cual, es muy posible que tengamos que caer y condenen a nuestra sociedad a repetir el mismo error, a no ser que ustedes queden en la oposición pronto y a no ser que el Partido Socialista se entestara en no modificar algunos criterios respecto a su relación con la industria armamentística, porque no hay que olvidar que algunos de los contratos también fueron firmados por el ministro de Defensa del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el problema es cómo, de qué manera se diseña el futuro y, por desgracia, creo que estamos sujetos a los lobbies de la industria del armamento. Nosotros nos opondremos y votaremos en contra, aun cuando sabemos que estamos en minoría.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, no sé hasta qué punto tiene sentido dirigirse a usted porque llevamos tres años desgañitándonos todos los grupos de la oposición para explicar que este real decreto que nos traen cada año desde 2012 —es el cuarto— para pagar créditos extraordinarios de los programas de armamento tiene visos de inconstitucionalidad, es decir, puede ser ilegal. Llevamos años explicándolo todos los grupos y la novedad de este año es, en primer lugar, que no lo presenta el ministro de Defensa —no sabemos por qué, será que el ministro no trasnochado es usted, quizás sea ese el factor—; en segundo lugar, que nos ha ofrecido que se tramite como proyecto de ley pero, como ya se ha explicado, el real decreto está aprobado; y en tercer lugar, que en vez de traerlo en agosto lo traen ahora. Pero en cuanto a lo sustancial del asunto no cambia nada, no cambia absolutamente nada. Nos traen una vez más en esta ocasión 850 millones de euros —igual que el año pasado, igual que el anterior—, de manera que nos vuelven a decir que el esfuerzo que hace la oposición por explicarle que estos créditos extraordinarios mediante real decreto pueden ser ilegales, no sirve absolutamente para nada. Si realmente tienen intención de tramitar ese proyecto de ley, quizás para cuando se termine la tramitación —igual ni siquiera dé tiempo a terminar la tramitación— ya estén pagados esos 850 millones. Pretende simular aquí una mayor flexibilidad en la tramitación de estos créditos, que es, desde nuestro punto de vista, una nueva triquiñuela en la tramitación parlamentaria.

Cómo no sé, como le decía, si tiene mucho sentido dirigirse a un Gobierno que ha sido absolutamente sordo a todos los argumentos de la oposición, a los argumentos del Tribunal Constitucional, a los argumentos del Consejo de Estado, me parece mucho más productivo dirigirme a los responsables de la industria. Los señores responsables de la industria saben que en el año 2012 se aprobaron por este procedimiento de real decreto, sin que hubiera extraordinaria ni urgente necesidad, créditos para programas de armamento de 1.782 millones; en el año 2013, 877 millones; en 2014, 883 millones y en 2015, 856 millones. De uno de esos decretos se esta discutiendo su constitucionalidad o no en el Tribunal Constitucional al plantear el recurso de inconstitucionalidad distintos grupos parlamentarios, sin duda gracias al Grupo Socialista, pero también los cinco diputados de mi grupo. Si ese decreto fuera declarado inconstitucional, todos los créditos extraordinarios de los programas de armamento estarían en cuestión. Esto supondría un total de casi 4.400 millones de euros, lo que representa, señores de la industria, el 15% del total estimado de lo que son los programas de armamento, de esos 30.000 millones que se estiman, porque la opacidad del Ministerio de Defensa impide que podamos tener una cifra precisa.

¿Esto que significa? —Y me vuelvo a dirigir a los responsables de la industria— Que esta manera de financiar los programas especiales de armamento es muy arriesgada para ellos, para la industria. Ha sido puesta en cuestión jurídicamente por el Tribunal Constitucional porque ha admitido a trámite ese recurso, que iba acompañado del acuerdo de Consejo de Ministros de agosto de 2013, en el que figura detalladamente el plan de pagos hasta el año 2025 como mínimo. Cuando hay un acuerdo de Consejo de Ministros en el que se planean pagos hasta el año 2025, es sencillamente imposible argumentar una extraordinaria y urgente necesidad. Son pagos que ustedes tienen planificados desde agosto de 2013 y no pueden venir en mayo de 2015 a decir que hay una urgente o extraordinaria necesidad porque ya están planificados, y ese acuerdo de Consejo de Ministros que se aportó al recurso de inconstitucionalidad es la pistola humeante que permite al Tribunal Constitucional admitir a trámite ese recurso. Tengo aquí la nota de la admisión a trámite del Tribunal Constitucional firmada en noviembre de 2014. (Muestra un documento). Ya han transcurrido los suficientes meses como para que el Gobierno lo supiera. Además, el Consejo de Estado ha informado de que no es procedente un real decreto para este crédito extraordinario.

Es decir, responsables de la industria, jurídicamente este decreto provoca absoluta inseguridad a quienes son los responsables de mantener esas industrias del armamento, pero políticamente también, porque todos los grupos de la oposición hemos dejado claro a lo largo de los años nuestro rechazo a este método de financiar los programas de armamento. Primero, por su opacidad; segundo, por los visos de ilegalidad que tiene el procedimiento y, tercero, porque falsea el presupuesto del Ministerio de Defensa —cada año lo volvemos a decir también cuando se tramitan los presupuestos de Defensa—, pero políticamente es un decreto y es una manera de financiar estos programas que está absolutamente en cuestión, también socialmente, porque este Gobierno no ha traído ni un solo crédito extraordinario para financiar las numerosas necesidades sociales urgentes que ha habido en los últimos cuatro años, mucho más urgentes que estos pagos que se hacen de manera opaca y presuntamente ilegal.

Por lo tanto —me vuelvo a dirigir a los responsables de la industria—, no deben infravalorar la inseguridad jurídica en la que este Gobierno les está sumiendo, no deben infravalorar que el 15% de los ya pagados programas especiales de armamento está en el alero. Creo que los responsables de la industria deben considerar también la inseguridad política en la que están. Este Gobierno les está asesorando mal, les está llevando por un camino erróneo, que puede acabar en el colapso de estos programas y en el colapso de la propia financiación de los programas. Si estos programas colapsaran, el Gobierno actual sería responsable de poner a nuestro país en una situación de inseguridad política, en una situación de riesgo y de amenaza, porque estos programas —lo hemos dicho en numerosas ocasiones—, no todos, son necesarios, y el Gobierno debería renegociar con la industria de manera ventajosa para el Estado porque los intereses que defiende son los intereses públicos. Y como no lo ha hecho y ha utilizado un método que está puesto en cuestión jurídica y políticamente, puede abocar al país a una situación de inseguridad real, puede provocar problemas para la seguridad del país y para la seguridad del Estado. Sería un desastre, pero sería un desastre anunciado por todos los grupos de la oposición y por las más altas instituciones jurídicas de este país, y sería también un desastre para la propia industria. No sé si ustedes son conscientes, pero desde luego los responsables de la industria lo son. Este Gobierno no va a ser eterno, esta forma de financiar los programas no va a ser eterna, y ustedes, el Gobierno, están poniendo en serios apuros a la industria del armamento. Vamos a votar en contra, por supuesto.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.

El señor SANZ REMÓN: Gracias, presidenta.

Señor Montoro, parece usted el ministro para todo. No sabemos muy bien si es por una premonición, la de que parezca usted el ministro de un grupo mucho más pequeño; esperemos que sea por ese motivo por el que interviene usted y no el ministro de Defensa, porque si no estaríamos hablando otra vez del ninguneo por parte del titular del ministerio, que es el protagonista hoy de este debate.

Quiero comenzar diciéndole, señor Montoro, que no sé qué es lo que más asombra a mi grupo parlamentario, si el ninguneo del Ministerio de Defensa, como le digo, o su estoicismo cuando viene aquí a justificar lo injustificable, que no es otra cosa que la extrema y urgente necesidad de este real decreto para el pago de los programas especiales de armamento, como bien dice —y ya se lo han recordado desde aquí— el informe del Consejo de Estado e incluso los diarios de sesiones del propio debate presupuestario de este año. Lo que sí le diré es que la dimensión de nuestro asombro solo es igualable o se aproxima a la de nuestro hartazgo, señor ministro, porque lo que ustedes están haciendo —y me gustaría que me prestase atención— no es solamente tomarle el pelo a esta Cámara, es reírse de la gente, es retorcer el ordenamiento jurídico hasta convertirlo en una caricatura, es engañar, señor Montoro; es engañar con todas las letras. Vuelven hoy a utilizar la figura del real decreto —del decretazo—, a pesar de que admitan aquí traerlo a trámite como proyecto de ley, por cuarta vez en la legislatura, para destinar nada más y nada menos que 853 millones al pago de la factura armamentística. Bien podría ilustrar esta sucesión anual de decretos-leyes lo que ha sido en términos democráticos la acción del Ejecutivo del Partido Popular, todo un paseo militar en el que el debate, el control al Gobierno, la transparencia, la priorización de las políticas sociales o el más mínimo respeto al ámbito constitucional han sido directamente dinamitados por su Gobierno, señor Montoro. El respeto al Parlamento nos lleva a hablar de esto, a debatir más allá del contenido de este real decreto, que es, como le decía, la consumación de una actitud contraria radicalmente, señor Montoro, a las más mínimas normas del correcto funcionamiento de un país que así desee y así quiera llamarse.

Señorías, ustedes nos traen aquí por cuarta vez consecutiva una suerte de trágala, en este caso edulcorado, unas medidas que deberíamos haber debatido en el ámbito presupuestario, en los Presupuestos Generales del Estado. La pregunta que deben contestarnos es por qué vuelven a ocultar esos 900 millones de euros que ustedes no han querido consignar en el presupuesto, para que la gente supiese y viese en qué se gasta el dinero nuestro Gobierno. Además, con su actitud le están haciendo un flaco favor a España, señor ministro, a la credibilidad de este Parlamento y de la propia política y, como ya se le ha dicho aquí y se le ha recordado —también por parte del Tribunal Constitucional—, a la industria armamentística. Desde La Izquierda Plural suponemos que a ustedes esto les da lo mismo, que siguen empecinados en entender que la momentánea correlación de fuerzas que se vive en este hemiciclo les da carta blanca para hacer de su capa un sayo e hipotecar el futuro con nuevos créditos, como ya hicieran Gobiernos anteriores, en este caso también del Partido Socialista, y exprimir hasta límites insólitamente peligrosos el uso y abuso de los reales decretos.

Empezaron con esto en 2012, cuando entraron al Gobierno, con un real decreto que implicó un crédito extraordinario para hacer frente a los programas especiales de armamento de 1.782 millones de euros.

En ese momento aducían que había que renegociar la deuda y que eso impedía concretar su inclusión correctamente en el ámbito presupuestario, en los Presupuestos Generales del Estado. Bien, en 2013, cuando ya se conocían las anualidades que debería abonar España, ya habían renegociado ustedes esa deuda e hicieron lo mismo que en el año anterior, vía real decreto por valor de 877 millones de euros. Por cierto, señor Montoro, una renegociación de la deuda que puede resumirse en pagar más, hasta 2.000 millones más, por menos. La acción al frente del Ministerio de Defensa que está haciendo el señor Morenés está teniendo grandes beneficiarios y, desde luego, no es el pueblo español. Quizás eso tenga que ver algo con la vocación de nuestro ministro de Defensa por la industria de las armas. Ya se lo dije a él y me hubiera gustado repetírselo hoy desde esta tribuna: utilizar el Poder Ejecutivo de un país como un Ejecutivo con poder al servicio del lobby armamentístico no es para lo que ha sido puesto el ministro en ese sillón, señor ministro. (Aplausos). En 2014, y a pesar de conocer perfectamente la cantidad correspondiente que tocaba en ese ejercicio y que ya no había excusa para no consignarlo en el presupuesto, ustedes vuelven a traernos otro real decreto que, como les decía antes -y se les ha recordado-, fue recurrido al Constitucional y, claro, ese recurso ante el Constitucional hace que hoy edulcoren este trágala, como les decía, diciéndonos que lo van a tramitar como proyecto de ley. Pero es que, no contentos con eso, lo vuelven a hacer hoy, como les decía y, mire, señor ministro, esa reincidencia suya y del Partido Popular dice mucho de ustedes y de su manera de entender la democracia, sometiéndonos a otro decretazo para pagar esta factura que, vuelvo a decir, incrementa el presupuesto de Defensa —y, por tanto, el presupuesto de Defensa que aprobaron es falso— en un 15%. ¿Cómo quieren ustedes que nos creamos su acción presupuestaria? ¿Cómo quieren ustedes que tengamos el más mínimo respeto a la acción de este Gobierno? Cuando estaba usted interviniendo en esta tribuna, me ha recordado un chiste del gran Gila:

¿Es el enemigo? ¿Son muchos? No sé si habrá balas para todos. Bueno, nosotros disparamos y ustedes se las reparten. (Aplausos). ¿Pero qué manera de trabajar es esa, señor ministro, qué manera de trabajar es esa? Es —permítame la expresión— absolutamente vergonzoso.

Ayer, en la Comisión de Defensa pudimos abordar este debate y se habló de alguna otra cuestión que va al fondo del asunto, no solo a la forma, y que no quiero dejar de citar desde esta tribuna. La primera es la que tiene que ver con el modelo de I+D+i que tiene nuestro país. Para nosotros y nosotras, para La Izquierda Plural, es necesario un cambio de rumbo en las políticas de I+D+i y, ya que está usted aquí y es el ministro para todo, llévese el recado desde La Izquierda Plural. La reconversión de I+D+i militar a I+D+i civil es necesaria para un cambio de modelo productivo, pero sobre todo para la mejora en el empleo, no solo para el mantenimiento de los puestos de trabajo sino para incrementarlos, porque cuando ustedes utilizan a los trabajadores como chantaje, secuestrando, para justificar su apuesta denodada por la industria, no son creíbles, señor Montoro, y se lo han dicho aquí. Ustedes han pasado conflictos laborales en el ámbito de la defensa una vez tras otra: en el ámbito de las limpiezas en los cuarteles, en el ámbito de las bases de Morón y Rota y en muchas otras cuestiones, así que lecciones de defensa del empleo y de los puestos de trabajo por parte del Partido Popular pueden dar pocas, muy pocas, señor ministro.

Siguiendo con el asunto, ya es hora de saber además en qué situación se encuentra la devolución de los préstamos que, vía Ministerio de Industria en este caso, se destinan año tras año a la fabricación de este material, a la industria armamentística. En la comparecencia del secretario de Estado —creo recordar— durante el debate presupuestario nos dijeron que solo se habían recuperado 141 millones de todos los créditos que habían obtenido vía subvenciones I+D+i las empresas armamentísticas. Nosotrosqueríamos saber —usted también ha hecho referencia a ello— cuántos créditos de esos se han recuperado, cuántos de esos créditos han vuelto a las arcas del Estado, porque a la industria le sale redondo el asunto:

subvenciono la producción, produzco sobre encargo y la venta está segura. Me gustaría saber si ese mismo tratamiento se da a otras empresas y sobre todo me gustaría saber qué piensan otras empresas del Estado español, los autónomos y las pymes de este país que lo están pasando francamente mal, señor Montoro. Pero no es solo eso. No se ha hecho ni una valoración sobre la idoneidad o no de determinados materiales —se ha recordado desde esta tribuna—, cuando nuestras Fuerzas Armadas están asfixiadas precisamente porque estos pagos devoran la principal parte del presupuesto del Ministerio de Defensa y son otras las necesidades que tienen para garantizar con eficacia su plena operatividad. No lo digo yo, no lo dice el Grupo de La Izquierda Plural, sino los profesionales de las Fuerzas Armadas y el real decreto, cuando ni siquiera hay munición suficiente porque no se ha comprado la munición correcta por vía presupuestaria. Señor Montoro, eso no es planificar, es otra cosa; eso es otra cosa. Sería conveniente hacer un estudio profundo de este asunto, que la sociedad cuente con toda la información y sobre todo, como venimos exigiéndole reiteradamente, que se haga un análisis profundo de las necesidades de la defensa española y si estas necesidades implican este tipo de programas especiales de armamento que ustedes han decidido pagar. Y los han decidido pagar —vuelvo al principio y concluyo— saltándose cualquier rigor político y democrático, de forma extrapresupuestaria a pesar de conocer el gasto que año a año implican, vía deuda pública, por la vía del real decreto sin que se den las condiciones constitucionalmente reconocidas para utilizar esa media de extrema y urgente necesidad y ocultando a la gente que su Gobierno prefiere pagar la factura de las armas, aunque para ello tenga que endeudarse y hacer los recortes consecuentes que esa deuda implica.

Señor ministro, obviamente, mi grupo no va a votar a favor de este real decreto. Sabemos que no van a permitir este análisis ni este debate que les exigimos, pero, por favor, al menos sean valientes y consígnenlo presupuestariamente. Consígnenlo presupuestariamente. La teoría del shock, mediante la que ustedes intentan anestesiar a la ciudadanía, se ha acabado, señor ministro, se ha acabado, y eso es importante. Esperamos que dentro de poco pase usted a ser el representante de un grupo minoritario, así que nos parece correcto que vaya haciendo prácticas defendiendo absolutamente todas las medidas de su Gobierno. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Sanz.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, nos encontramos en el Día de la Marmota, como cada año, con una escena ya por triplicado. Me ha gustado la primera frase de su intervención: vuelvo a subir aquí a la tribuna. Usted sin duda se refería al punto anterior, pero yo he pensado: es correcto, sí. Efectivamente, vuelve usted a subir a la tribuna, como cada año, a defender un crédito extraordinario absolutamente previsible. ¿Y por qué hace esto? Luego oímos declaraciones del ministro y de sus portavoces diciendo aquello de que el Estado español —ustedes dicen España, claro—, España es la que gasta menos de la Unión Europea en porcentajes sobre el PIB en cuestiones militares, solo por debajo de Luxemburgo. Claro, si hacen ustedes las cuentas del Gran Capitán pueden hacer afirmaciones como esas. ¿Sabe de dónde sale la expresión —usted es un hombre de gran cultura— de las cuentas del Gran Capitán, no? Por aquello de enviar las cuentas a la Corte diciendo: 10.000 ducados por el desgaste de las campanas provocado por la celebración de las victorias habidas. Pues parece que sus presupuestos más o menos responden a la lógica de las cuentas del Gran Capitán. El presupuesto de Defensa —esto es vox populi y en este sentido les perjudica— está muy maquillado. Presentan antes de consolidación un presupuesto en el que, obviamente, no se cuenta con los organismos autónomos, las externalizaciones. Esto ya por sí solo son 1.000 millones. No cuentan con el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, con el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa o con el Canal de Experiencias Hidráulicas. De entrada no se cuenta con ellos, son organismos autónomos antes de consolidación. Vemos el presupuesto antes de consolidación y con ellos no se cuenta. Un segundo truco —paso rápido, porque el tema de fondo es otro— son las famosas partidas ampliables, las misiones en el exterior. Siempre me ha despertado curiosidad que ustedes ponen una partida, ampliable obviamente, de 14,36 millones de euros, que luego acaba siendo —hablo de la última— de 789 millones de euros. Solo por curiosidad, ¿por qué 14,36? ¿Por qué no 14 o 15? ¿Por qué 14,36 si saben ustedes que van a acabar pagando 789 millones o más? ¿Por qué ponen una cifra tan justa? No lo acabamos de entender. Dirán que tiene que ser una partida ampliable porque puede salir un nuevo conflicto. Sí, tienen razón, pero nosotros sabemos perfectamente que el año que viene estaremos en Líbano; sabemos que estaremos en la República Centroafricana; sabemos que estaremos en Malí y sabemos con qué cantidad de tropas y el gasto que tendremos. Por favor, no pongan ustedes estos 14,36 millones. ¿Que quieren dejarlo como partida ampliable? Lo comprendemos, pero pongan una cifra que tenga alguna relación con una realidad que ya conocen perfectamente.

Por último, entro en el tema que nos trae hoy, el del día de la marmota, el de los planes especiales de armamento. No quiero repetirme. Se lo han dicho por activa y por pasiva, se lo ha dicho el Consejo de Estado, lo dice el sentido común. ¿Cómo el pago de algo que está previsto hasta 2030 pueden decir que les ha sorprendido y es de urgente necesidad? Ustedes saben perfectamente lo que tenían que pagar este año, un crédito de espacios especiales de armamento. ¿Por qué no lo han presupuestado? En definitiva, esto les sirve, aparte de para decir la famosa frase de que en porcentaje gastamos en armamento menos —excepto Luxemburgo— que cualquiera —a estas alturas, cualquier ciudadano sabe, porque es vox pópuli, que es mentira, que no es así—, como cierta técnica oscurantista. Ustedes están violando dos principios, y no lo digo yo sino el Consejo de Estado. Primero violan el que he citado de la técnica presupuestaria; todo lo que se puede presupuestar, todo gasto que pueda estar previsto tiene que estarlo en los Presupuestos Generales del Estado. Ustedes saben positivamente lo que les va a costar el total de los programas especiales de armamento y gran parte de lo que costarán las misiones en el exterior, y no lo ponen. Eso viola el principio presupuestario. Además violan el concepto de lo que es un real decreto-ley, que se aprueba por urgente necesidad. Es un oxímoron, señor ministro. ¿Cómo puede haber urgente necesidad en algo que tenemos previsto pagar hasta 2030, puesto que podemos calcular perfectamente lo que nos va a costar cada año? ¿Dónde puede aparecer esta urgente necesidad? ¿Me lo cuenta usted? ¿Qué pasa? Maquillaje presupuestario y, en definitiva, oscurantismo en las cuentas. El ministro nos ha dicho muchas veces en Comisión: Intentaremos renegociar cosas, intentaremos revender parte de este material a otros países. No sabemos si hace o no todo esto, no tenemos demasiada percepción de que lo haga. Si se hace, queda en la más absoluta oscuridad porque las cifras no aparecen en el presupuesto; no aparece una cifra menor que la del año pasado porque se haya renegociado tal cosa, no. Si el ministro tiene a bien informar, nos lo dice, aunque normalmente no lo hace. Manifiesta que intentará hacerlo, pero de cuestiones concretas ha dicho poca cosa. Por tanto, oscurantismo.

Esto es un mal negocio; es un mal negocio pero para todos: para la política en general, para los grupos de la oposición, que no podemos hacer nuestro trabajo de controlar las cuentas, pero honestamente —lo dije ayer en la Comisión— sobre todo para el Gobierno del Estado, porque el tema de la «agostidad»para aprobar el decreto ya no les funciona. La gente es perfectamente consciente en este tema de que las cifras que se dicen de gastos de defensa son en la práctica muy inferiores a las reales; ya es vox pópuli, lo sabe todo el mundo. Los principales perjudicados son ustedes porque hay una regla —usted lo sabe—, y no solo en política: donde no hay información se genera espacio para la especulación y para el rumor.

Señor ministro, personalmente ha tenido que desmentir auténticas barbaridades que me han comentado sobre cuál era en realidad el presupuesto de defensa del Estado español. Cuando no hay transparencia, la gente especula y corren cifras, algunas de ellas no me atrevería ni a repetirlas aquí. Presenten ustedes las cosas como son, acaben con el día de la marmota; al final se puede salir del día de la marmota y aparece un nuevo día, y con él la luz, la luz sobre las cuentas. Cumplan el principio presupuestario, cumplan el concepto de lo que debe ser un decreto-ley, ministro, por el bien de todos; sobre todo, por el bien de ustedes.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Guillaumes.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ferrer.

El señor FERRER ROSELLÓ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar quiero llevar la tranquilidad y la serenidad a su alma: el ministro se encuentra en Singapur en la más importante reunión de ministros de Defensa del año; el ministro está defendiendo los intereses de España, que es lo que hace habitualmente. (Aplausos).

Hemos debatido esta misma cuestión más de media docena de veces, de modo que cuando preparaba mi intervención pretendía en un primer momento encontrar algún enfoque original, una manera distinta de abordar el problema, movido por el deseo de no aburrir a sus señorías y no abrumarlas con la reiteración de argumentos. Inevitablemente me vinieron a la memoria los versos de Lope: «Un soneto me manda hacer Violante / que en mi vida me he visto en tanto aprieto…» Bien mirado, señorías, el asunto es de una simpleza notable. El real decreto-ley concede créditos extraordinarios para hacer frente a tres cuestiones distintas: en primer lugar, para la remodelación de una planta del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla como unidad de aislamiento hospitalario de alto nivel, consecuencia de la crisis del ébola. En segundo lugar, se destinan créditos para hacer frente al plan de municionamiento. Parece superfluo explicarles a sus señorías las inestimables ventajas que reporta en caso de conflicto disponer de munición y lo agradecida que queda la tropa por ello, especialmente ahora que han caído en desuso los asaltos con arma blanca. Finalmente se prevén 846 millones de euros para afrontar los compromisos anuales derivados de los llamados programas especiales de armamento.

Como bien saben sus señorías, los diecinueve programas, tanto por su volumen económico como por la complejidad industrial y tecnológica que plantean, suponen la más relevante adquisición de sistemas armamentísticos que realiza el Ministerio de Defensa. Estos programas han sido y son fundamentales para la modernización de las Fuerzas Armadas, que disponen así de capacidades a la altura de las necesidades de la defensa nacional, de nuestros compromisos con nuestros socios y aliados y con el sistema de mantenimiento de la paz y de la seguridad mundial. Señorías, los planes especiales de armamento también han supuesto un importantísimo acicate para un sector industrial puntero que genera más de 20.000 puestos de trabajo directos de altísima cualificación, que es intensivo en I+D+i, con una enorme capacidad de exportación, y que genera además patentes aplicables en otros campos. Por último, pero no por ello menos importante, cada vez que esta augusta Cámara toma la decisión de desplegar a nuestros hombres y mujeres en una zona de conflicto en defensa de los intereses de nuestro país, aparte del orden, de la paz y de la seguridad mundiales, asume el compromiso ineludible, asume la responsabilidad de dotarlos en la medida de nuestras posibilidades del material necesario para atender al cumplimiento de la misión y también a la seguridad de las tropas; es decir, para que cumplan la tarea que les hemos encomendado nosotros y tengan las mejores posibilidades de hacerlo volviendo de una pieza.

A nuestro juicio, señorías, esta es una cuestión de Estado, de seguridad nacional, no tiene color político. Es, en todo caso, una cuestión de responsabilidad o irresponsabilidad y este Gobierno ha asumido como propios los programas especiales con independencia del color del Gobierno que los encargó, y lo ha hecho precisamente por colocarse del lado de la responsabilidad. Permítame, señor López Garrido, que le recuerde —usted y yo, hemos estado en el ministerio— que hemos visto cómo cada ministro cuelga al salir su retrato, cómo hay un retrato en el que un ministro aparece rodeado de las maquetas de sus encargos: carro Leopard, fragata F-100 y Eurofighter —los tres proyectos más caros que hemos comprado durante toda nuestra historia—. ¿Sabe usted qué ministro es? ¿Qué ministro orgulloso muestra sus realizaciones? ¡El ministro García Vargas! ¿De quién era ministro? ¡Del señor Felipe González! (Aplausos).

Pero nosotros asumimos esos encargos porque es una cuestión de responsabilidad con la seguridad nacional, señoría.

Una vez sentada esta premisa, evidentemente la adquisición de material de guerra genera una deuda, y las deudas son siempre un problema, señorías. El Gobierno del Partido Popular tomó a este respecto dos decisiones. En primer lugar, tomó la iniciativa de renegociarla, a mi juicio, con el notable resultado de ahorrar a los contribuyentes de este país la nada despreciable cantidad de 8.000 millones de euros, y así lo ha manifestado el ministro Montoro, también sirviendo a este país hoy en esta sala. Evidentemente, la deuda se ha minorado pero persiste. El Gobierno del Partido Popular decidió descartar el método del anterior Gobierno socialista, consistente básicamente en no pagar la deuda. Es cierto que era un método ingenioso y ocurrente, pero la insistencia de los acreedores en cobrarlo lo convertía en eminentemente poco práctico. Por tanto, la segunda decisión adoptada por el Gobierno fue afrontar la deuda por el procedimiento de pagarla; solución —debo reconocerlo— menos imaginativa, pero evidentemente más eficaz y con la ventaja añadida de contribuir a restaurar la confianza en nuestro país, por aquel entonces una de las condiciones básicas para salir de la crisis económica en la que nos encontrábamos.

Otra ventaja que ofrece la política de hacer frente a las deudas por el curioso y exótico procedimiento de pagarlas es que te permite negociar las condiciones con el acreedor, y así a la sustanciosa rebaja de 8.000 millones de euros a la que hacía referencia cabe sumar la flexibilización de los pagos; aquí entronco con la que parece ser la madre de todas las quejas de buena parte de sus señorías. Me refiero al hecho de que sea un real decreto-ley a mitad de año el que apruebe los créditos destinados al abono de los programas especiales de armamento en lugar de consignarse en los Presupuestos Generales del Estado. Verán, señorías. El pago de los programas especiales es importante para el Gobierno, pero no constituye su prioridad. Lo prioritario e innegociable es el gasto en educación, en prestaciones por desempleo, en sanidad, en pensiones y en gasto social en general. Estos aparecen, como no podía ser de otra manera, reflejados en los Presupuestos Generales del Estado. La inversión en armamento para nuestras Fuerzas Armadas, con ser necesaria e ineludible, es negociable, es flexible y tiene mucho que ver con la evolución de la economía a lo largo del año, de las cuentas del Estado y, como consecuencia de todo ello, de su disponibilidad de crédito para destinarlo a este fin. Hoy disponemos de esos datos con absoluta seguridad, pero en junio del año pasado, cuando se redactó el presupuesto, evidentemente no, señorías.

Como sus señorías pueden ver, es esta una cuestión de prioridades y este Gobierno ha priorizado siempre el gasto social sobre el gasto de armamento, por muy necesario y justo que este sea también. Si todo ello no fuera suficiente, súmenle, señorías, las dificultades en la entrega de un material extraordinariamente complejo y sometido en la recepción a todo tipo de controles, lo que convierte las fechas previstas para su entrada en servicio y posterior abono al fabricante en meramente orientativas.

Sirva de ejemplo el caso de la F400. Deberíamos disponer ya de cuatro unidades en servicio pero no disponemos de ninguna, no se nos ha entregado ninguna. También se puede producir la aparición de problema en el diseño y el desarrollo de algún proyecto, como en el caso del submarino S-80. Todo ello les llevará a la conclusión de que el recurso al decreto-ley no responde a un capricho del Gobierno sino a un saludable ejercicio de sentido común.

Por último, algunos de ustedes acusan de opacidad al Gobierno en esta materia, cuando las referencias al real decreto-ley aparecen estos días en todos los medios de comunicación. Su texto se publica íntegramente al menos en dos boletines oficiales y hoy tenemos un debate monográfico sobre la cuestión en el seno de esta Cámara. Yo les pregunto: si el Gobierno pretendiera pasar esta inversión de tapadillo ¿no sería más lógico incluirla en los presupuestos generales y colarla de rondón diluida en la inmensidad de ese debate? ¿No sería eso más sensato y más razonable si esa fuera la voluntad del Gobierno?

En lugar de eso, lo sometemos a un debate singular y exclusivo en el Pleno de esta Cámara. Parece una cuestión de táctica política elemental, de la parte general. ¿Por qué dicen que es opaco? Opaco es el naipe marfil, pero no este decreto— ley, señorías. Solo me queda terminar mi intervención con los versos de Lope: «Ya estoy en el segundo, y aún sospecho/ que voy los trece versos acabando;/ contad si son catorce, y está hecho.»

Muchas gracias. (Aplausos).