Público.es – El Gobierno jubila con antelación a los jueces que han tumbado su reforma laboral

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“El Gobierno jubila con antelación a los jueces que han tumbado su reforma laboral

Malestar en el Tribunal Supremo por una enmienda del PP en el Senado que suprime los jueces eméritos, que pueden trabajar hasta los 75 años. En la práctica, rompe el equilibrio de la Sala de lo Social al mandar a casa a 6 magistrados progresistas

20150617 Publico - Ministro Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, durante los premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

MADRID.- El Gobierno del PP ha introducido una enmienda en el Senado a última hora que suprime la figura de los jueces eméritos, con posibilidad de trabajar hasta los 75 años. Esta medida, en apariencia inocente, acarreará la jubilación anticipada a los magistrados del Tribunal Supremo que tumbaron la reforma laboral del PP.

La medida es sutil, pero sus consecuencias en tres años son muy claras: romperá el equilibrio de la Sala de lo Social del alto tribunal, muy contestada desde las filas del PP y desde los foros empresariales porque ha acabado con los pilares básicos de la reforma laboral de 2012.

La Sala de lo Social ha dictado sentencias favorables a los derechos de los trabajadores ante los duros recortes impuestos desde el Gobierno del PP.

La sentencia más importante se produjo el 22 de diciembre de 2014, cuando restauró la llamada ultractividad de los convenios colectivos.  Otra sentencia famosa fue la que anuló el ERE de Coca-Cola porque la empresa vulneró el derecho de huelga con prácticas de esquirolaje, y que golpeó de lleno al despacho autor de la misma reforma laboral -Sagardoy Asociados-, al ser el asesor juridico de estos despidos.

Ahora, la enmienda introducida en el Senado enviará a casa antes de lo previsto a seis magistrados de tendencia progresista de los trece que componen la Sala de lo Social y que han apoyado las sentencias más relevantes que tumbaron las principales medidas de la reforma laboral.

Es muy previsible que estos seis jueces no sean reemplazados por otros del mismo perfil progresista sino que Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, haga valer su mayoría conservadora en dicho órgano para colocar en la Sala de lo Social a magistrados afines.

De los 13 magistrados actuales que componen la Sala de lo Social, la enmienda mandará a casa al emérito actual, Jesús Souto. Pero sus verdaderos efectos se notarán en los próximos tres años, ya que serán jubilados antes de lo previsto los magistrados progresistas Fernando Salinas, Jordi Agustí, Luis de Castro, José Luis Gilolmo y hasta el propio presidente de la Sala, Jesús Gullón. En cambio, sólo se jubilarán dos de tendencia conservadora, Milagros Calvo y Miguel Angel Luelmo. Tres de ellos se irán a casa en 2016, al cumplir 72 años: Salinas, Agustí y Gil Olmo, todos progresistas. El resto, hasta 2018.

De esta manera, se alterará el difícil equilibrio que existe en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La Sala se encuentra dividida prácticamente en dos sectores irreconciliables, con un grupo de cuatro magistrados que inclinan la balanza hacia un lado u otro.

Por un lado, se encuentran los magistrados y magistradas Calvo, Luelmo, Antonio Sempere, José García de la Serrana y el emérito Souto. Por el otro lado se sitúan Salinas, Agustí, Rosa Virolés -ponente de la sentencia de la ultractividad- y María Luisa Segoviano.

En medio se sitúan el presidente de la Sala, Jesús Gullón -ponente de la sentencia de Coca-Cola-, Luis Fernández de Castro, Gil Olmo y Lourdes Arastey.

Para hacerse una idea de las consecuencias de la enmienda, basta estudiar la famosa sentencia de la ultractividad de los convenios. Tuvo como ponente a Rosa María Virolés y fue apoyada por cinco de los seis magistrados que ahora se irán a casa, además de la la ‘centrista’ Arastey y Manuel Ramón Alarcón, magistrado emérito fallecido hace un mes. La resolución contó con el voto contrario del resto de la Sala.

De prosperar la enmienda, sólo quedarán en la Sala de lo Social tres magistradas que tumbaron aquel pilar de la reforma laboral: Virolés, Arastey y Segoviano.

La figura del juez emérito permite a un magistrado trabajar hasta los 75 años de edad, siempre y cuando ejerza en un órgano colegiado. Esto es, en el Tribunal Supremo, salas de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales. La solicitud se renueva cada año ante el CGPJ.

La enmienda retrasará la edad de jubilación de jueces, secretarios judiciales y fiscales hasta los 72 años en lugar de los 70 actuales. Y suprime la posibilidad de ejercer como emérito.

Envía a casa a nueve magistrados en octubre

La enmienda es drástica, porque envía a casa a partir del 1 de octubre a los magistrados que tienen entre 73 y 75 años. En el caso del Supremo, los magistrados que ahora cuentan con más de 72 años son: Perfecto Andrés Ibáñez y Carlos Granados, que forman parte de la Sala de lo Penal y son de tendencia progresista; José Luis Calvo y Xavier O’Callaghan, ambos de la Sala de lo Civil y progresistas; Jesús Souto, de la Sala de lo Social y de tendencia conservadora, así como los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Jesús Peces (progresista) y los conservadores Manuel Martín Timón, Gonzalo Martínez Micó, Mariano del Oro Pulido.

Escrito de protesta para Catalá

Los magistrados del Supremo afectados han elaborado un escrito que quieren entregar este miércoles al ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien tiene previsto reunirse con la Sala de Gobierno del alto tribunal para explicar esta medida de última hora que impulsa su partido.

La tensión es tal que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, reunió de urgencia a la Sala de Gobierno del Supremo este mismo martes con el fin de neutralizar la rebelión interna. Fuentes jurídicas señalan a Lesmes como el impulsor de esta enmienda y que tiene como fin último alterar el equilibrio de la Sala de lo Social del alto tribunal.

La culpa, de Montoro

En cambio, Carlos Lesmes explicó este martes a los magistrados de la Sala de Gobierno que la medida responde a una exigencia del ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro.

La medida ha sido introducida como enmienda a la sexta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que emprende el PP desde que alcanzó el poder. Se votará en el Senado el próximo día 25 de junio.”

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