El Comercio – El empresario acusado por un accidente laboral en La Vega asume su culpabilidad

  Siguiendo la tradición norteamericana (o la de la Corporación), la culpa es del subcontratista. No se dice en la noticia quien contrató el rápido achatarramiento de toda la maquinaria de la Vega, si el Ministerio de Defensa o la multinacional que hasta unos meses antes gestionaba estas instalaciones públicas. Pero se replica una vez más que la culpa siempre es de otro. Si se queman vivos trabajadores en la limpieza de balsas, es culpa de la empresa de limpieza contratada. Si quemamos un submarino es culpa del soldador. Si tenemos fugas radiactivas en un reactor de otro submarino es problema del certificado emitido de las soldaduras. Y si los misiles Patriot no explotan como deben, será culpa de los presos de EEUU que fabrican sus componentes electrónicos al friolero precio de 23 céntimos de dólar/hora. El sueño de todo empresario que apela a la «libertad de empresa consagrada constitucionalmente» y que argumenta en España en todos su pleitos la Corporación, el paraíso de un trabajo penitenciario sin protección sindical (como aquí), sin horas extras (como aquí), sin días de vacaciones ni pensiones (como aquí), y reciclando componentes tóxicos (¿como aquí?).

  Afortunadamente España no es como EEUU. Aquí no se emplean presidiarios; solo hizo falta una reforma laboral.

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Llega a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y el tribunal acuerda la sustitución de la pena de nueve meses de cárcel por una multa

I. R. OVIEDO – 19 mayo 2016 – 08:53

El empresario acusado por un accidente laboral en la fábrica de armas de La Vega reconoció ayer su culpabilidad en los hechos ocurridos, en los que un trabajador cayó desde un andamio colocado a más de dos metros de altura. El empleado trabajaba sin protección alguna como barandillas, redes, plataformas elevadoras o arneses de seguridad.

El administrador de la empresa con sede en Burgos llegó ayer a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y no llegó a celebrarse la vista oral señalada en el Juzgado de lo Penal número 2. Los dos años de prisión solicitados inicialmente quedaron en nueve meses más el pago de una multa de 1.080 euros. Aunque durante la sesión también se acordó la sustitución de la pena de prisión por el pago de otra multa de 3.240 euros. En caso de que no pague la cuantía, el hombre entraría en prisión para cumplir la condena.

Dentro de ese acuerdo alcanzado por las partes, el Ministerio Público también retiró la petición para la inhabilitación del acusado para el desempeño del ejercicio de la profesión de administrador de empresas durante el tiempo de la condena. El tribunal deberá decidir, eso sí, la cuantía de la indemnización para el trabajador, que fue requerido para retirar unos conductos metálicos del techo de una nave de La Vega en enero de 2014 sin los medios adecuados para el desempeño del trabajo.