El Confidencial – SEPI plantea el cierre de Defex por los casos de corrupción y los papeles de Panamá

La empresa DEFEX participada en un 51% por la SEPI y con otros cinco accionistas entre los que se encuentran Explosivos Alaveses, Instalaza y Placencia de las Armas aparece vinculada a los Papeles de Panamá en casos de corrupción por venta de armas.

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“VENTA FRAUDULENTA DE ARMAS A ANGOLA

SEPI plantea el cierre de Defex por los casos de corrupción y los papeles de Panamá

La recuperación de Defex como empresa de apoyo al comercio exterior de España es una quimera tras la vinculación del fraude de armas a Angola con los papeles de Panamá

20160523 El Confidencial - Defex

Defex ofrece apoyo de exportación de material en puertos y aeropuertos. (defex.es)

Autor:  JOSÉ ANTIONIO NAVAS  –  23.05.2016  –  05:00 H.

La situación procesal de la empresa estatal Defex se ha complicado de manera decisiva tras descubrirse que los supuestos fraudes en la venta de armas que investiga la Audiencia Nacional fueron efectuados con el soporte de sociedades ‘offshore’ creadas por el despacho panameño Mossack Fonseca. A partir de esta situación, y teniendo en cuenta la dependencia que la empresa tiene del Ministerio de Hacienda, la única alternativa factible que maneja la SEPI en calidad de accionista mayoritario pasa por la disolución de la compañía. El Ministerio de Defensa se muestra reacio al cierre, pero todo hace indicar que Defex tiene los días contados a partir de las elecciones del 26-J.

El grupo estatal que preside Ramón Aguirre considera desde hace tiempo que la continuidad de Defex no tiene cabida en el marco de la regeneración institucional que necesita España. La deriva de corrupción que ensucia la reputación de la empresa hace imposible recuperar una marca que fue creada como santo y seña para impulsar el comercio exterior. Constituida en 1972 como sociedad de ‘trading’ especializada en la industria de la defensa, la compañía estatal fue escalando posiciones en otros mercados de exportación hasta configurar una plataforma indispensable para el desarrollo internacional de sectores como Sanidad, Infraestructuras y Minería.

Los problemas que amenazan con enterrar para siempre a la empresa controlada en un 51% por la SEPI se remontan al año 2008 y vienen derivados de una supuesta venta fraudulenta de equipamientos policiales al Ministerio del Interior de Angola, en la que los antiguos responsables de la compañía podrían haber cobrado comisiones ilegales por un importe estimado de 41 millones de euros. Los hechos fueron investigados en su día por el juez Pablo Ruz, dentro de las diligencias llevadas a cabo en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que ahora dirige el juez José de la Mata.

La trama de Defex que investiga la Audiencia tiene ramificaciones en sociedades ‘offshore’ descubiertas en las bases de datos del despacho Mossack Fonseca

Los delitos imputados se extienden a varios directivos de la empresa durante la etapa de gobierno de Zapatero, cuando Defex estaba bajo la responsabilidad directa de la entonces ministra socialista de Defensa, Carme Chacón. Entre los investigados, destaca el expresidente José Ignacio Encinas, quien fue cesado del cargo a instancias de la SEPI tras las elecciones de noviembre de 2011 que propiciaron la vuelta al poder del Partido Popular. Otros ejecutivos también involucrados en la investigación, encabezados por el jefe de Operaciones, Ángel María Larumbe, fueron destituidos igualmente cuando la compañía tuvo conocimiento del caso en julio de 2014.

La Guardia Civil, a través de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO), dictaminó hace un año que Defex actuaba al modo de una ‘organización criminal’ en sus gestiones como bróker en los mercados internacionales. Una definición realmente demoledora para una entidad controlada por el Estado y que, para más inri, se ha visto después salpicada por su aparición en los papeles de Panamá. Entre los documentos del bufete Mossack Fonseca obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), figuran algunas de las sociedades ‘offshore’ a través de las cuales se desviaron fondos procedentes de la operación de venta de armas a Angola.

La base de datos del célebre despacho panameño contiene información de la empresa Darwin Yachting Corp., con domicilio en las Islas Vírgenes y que forma parte de la trama denunciada a la Audiencia Nacional. Esta sociedad sería una de las estructuras opacas utilizadas en la transferencia de fondos, en concreto 10 millones de euros, desde España a Luxemburgo. Dichos fondos procedían del lote de vehículos, uniformes y equipamientos de comunicación vendidos a la Policía Nacional de Angola con la intermediación de Defex. La operación en su conjunto ascendió a 152 millones de euros, pero de esta cifra solamente 35 millones fueron entregados a los proveedores reales del contrato con el país africano.

Las cuentas de la compañía están intervenidas y el Estado no recibe ni un euro de los beneficios que en los últimos dos años ha vuelto a obtener Defex

Una vez descubierto el embrollo, los nuevos responsables de la compañía queahora preside el teniente general Juan Carlos Villamía han tratado de blindar el gobierno corporativo de Defex con la adopción de un reglamento interno del consejo de administración, la revisión del Código de Conducta Empresarial y la creación de un Comité de Prevención de Riesgos Penales. Todos estos cortafuegos se sustentan en la adaptación de nuevos sistemas de control interno con participación directa de la alta dirección y la constitución de una comisión de auditoría delegada del máximo órgano de gobierno de la compañía.

Las numerosas cautelas impuestas a raíz del escándalo no impiden que la empresa tenga embargadas las cuentas y que la mejor evolución de resultados a lo largo de los últimos años se convierta en un mero brindis al sol para los intereses del Estado como accionista mayoritario. Defex consiguió remontar las pérdidas registradas en 2013, pese a reducir sensiblemente su cifra de negocios, que pasó de 107 millones de euros hace dos años a 76 millones en 2014, de acuerdo con los últimos datos oficiales publicados por la compañía. En cualquier caso, Hacienda no recibe dividendo alguno, por lo que tampoco tiene ningún interés económico en mantener viva la compañía.

Lo único que sostiene a Defex en estos momentos es la incertidumbre política del momento de transición electoral que vive el país. Los planes de disolución fueron frenados antes de las últimas elecciones del 20-D por el Ministerio de Defensa, pero no parece factible que el ahora ministro en funciones, Pedro Morenés, pueda bloquear la disolución de la empresa a poco que los futuros responsables de la SEPI vuelvan a la carga. La hoja de ruta diseñada pasa por nombrar un administrador único que se encargue de desmontar la compañía, liquidando activos y pasivos en un proceso terminal cuya agonía solo debería prolongarse en la medida en que se sustancian las responsabilidades penales en los tribunales de justicia.

 

 

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