El Mundo – Defensa mantiene encerrados 12 aviones Eurofighter en la base de Albacete para no subir el déficit

“En los tanques Leopard, “tras la privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara, el régimen jurídico del contrato presenta ambigüedades de difícil interpretación”. Además, “se han reconocido mayores costes por un importe de 43.6 millones de euros, derivados del incremento de los costes de producción”

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“HACIENDA – El programa consiste en la compra de 73 cazas por 12.843 millones de euros

Defensa mantiene encerrados 12 aviones Eurofighter en la base de Albacete para no subir el déficit

20160716 El Mundo - Base aerea los Llanos

Un miembro del Ejército del Aire vigila la entrada de la base aérea de Los Llanos, en Albacete. CARLOS GARCÍA POZO

El Tribunal de Cuentas critica que almacenar los cazas por motivos contables “perjudica la eficiencia”

El Gobierno endurecerá el Impuesto de Sociedades para cumplir el déficit

CARLOS SEGOVIA – Madrid – 16/07/2016 03:03

El control del déficit provoca situaciones surrealistas como la que ha denunciado el Tribunal de Cuentas en su informe sobre gastos del Ministerio de Defensa difundido ayer. El órgano fiscalizador asegura que existen doce aviones Eurofighter almacenados en la base aérea sin que el Ministerio de Defensa acepte todavía ser su propietario para no incurrir en un gasto que descontrole aún más las cuentas públicas.

“Para evitar su reflejo en la Contabilidad Nacional en atención a los márgenes de déficit público, los aviones que salen de la línea de producción son propiedad de Nefmo durante un período de tiempo que se prevé de tres años”. Nefmo es el organismo de la OTAN encargado de gestionar los Eurofighter y, aunque los 12 aviones, valorados en unos 1.000 millones de euros, han sido fabricados por encargo de España, no los recibe oficialmente ni los usa para no alterar los planes del Ministerio de Hacienda.

“Al amparo del acuerdo, Nefmo tiene el título legal sobre los aviones hasta que sean formalmente aceptados por España. Los aviones españoles se almacenan en España, conforme a un Plan de Mantenimiento y Almacenamiento acordado. Nefmo tendrá influencia sobre el uso y los acuerdos de mantenimiento pero se considera que todas las obligaciones y riesgos asociados con el avión corresponden a España”, describe el Tribunal de Cuentas, que critica esta picaresca contable: “Este tipo de medidas obedecen a razones de política nacional ajenas al Programa (Contabilidad Nacional) y pueden tener consecuencias económicas desfavorables a la vez que perjudican la eficiencia en la gestión del EF2000″. Éste es el programa de compra de 73 cazas por parte del Ministerio de Defensa por valor 12.843 millones de euros, incluido desarrollo y gastos logísticos. El Ejército del Aire recibió 47, pero no tiene presupuesto para ir más lejos por ahora. El titular de Defensa, Pedro Morenés, ya anunció al tomar posesión en 2012 que, por necesidades financieras, se aplazarían entregas de aviones, pero los problemas se han ido prolongando. “Esta situación continúa a la fecha de cierre de este Informe, siendo 12 los aviones almacenados Nefmo property en España pero no recepcionados formalmente por el Ministerio de Defensa”, concluye el informe, que los sitúa en la base aérea de Albacete.

El Tribunal de Cuentas encuentra diversos defectos de planificación de grandes contratos militares heredados de décadas pasadas.

Señala que también ha sido necesario rediseñar las compras de los helicópteros NH90, porque “en el contrato original no se tuvo en cuenta el apoyo y mantenimiento por la previsión de adquisición de helicópteros por fases”. “La elevación del coste del programa llevó a reducir el número de aparatos contratados y a reprogramar la planificación de forma que estuvieran operativos desde el inicio”, señala el informe. En los tanques Leopard, “tras la privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara, el régimen jurídico del contrato presenta ambigüedades de difícil interpretación”. Además, “se han reconocido mayores costes por un importe de 43.6 millones de euros, derivados del incremento de los costes de producción“.

El órgano fiscalizador también cuestiona que se financien estos programas con créditos extraordinarios, que no son aceptados inicialmente por Hacienda.”

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