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«Los principales programas de armamento suman sobrecostes por 3.330 millones
EVA DÍAZ / ÁFRICA SEMPRÚN 27/07/2016 – 1:00
El TC critica la «opacidad» en los planes y las modificaciones en los presupuestos
Defensa renegoció los contratos del Eurofighter y del NH-90 y paga más por menos unidades
Los Programas Especiales de Armamento, conocidos por sus siglas PEAs, son el auténtico agujero en el bolsillo del Ministerio de Defensa. Los seis principales proyectos militares adquiridos por la cartera que dirige en funciones Pedro Morenés ya suman más de 3.300 millones de euros en sobrecostes.
La titánica cifra supone un alza del 16% sobre los 20.746 millones de euros aprobados inicialmente. El Ejecutivo de José María Aznar inició a finales de los años 90 la adquisición de armamento para modernizar las Fuerzas Armadas y actualmente el Gobierno tiene el compromiso de compra de 21 programas de armamento que supone un coste estimado total para las arcas estatales de 30.000 millones de euros a pagar hasta 2030, según datos del propio Ministerio de Defensa.
El Tribunal de Cuentas ha criticado en su informe sobre la financiación de estos programas la opacidad informativa al respecto. La entidad que preside Ramón Álvarez de Miranda diferencia entre los programas de gestión internacional (el caza EF-200, el avión A400M y el helicóptero Tigre) y los de gestión nacional (el buque de acción marítima BAM, el helicóptero NH-90 y el carro de combate Leopardo), pero ninguno se salva.
El Tribunal denuncia sobrecostes, retrasos en la entregas, sobrefinanciación a la industria de armamento y falta de penalizaciones. Al respecto, el Ministerio defiende la necesidad de alimentar a la industria militar que proporciona «20.000 puestos de trabajo tan importantes en la situación actual del país».
Caza Eurofighter
España ha recibido 59 cazas Eurofighter en los últimos doce años, aunque mantiene doce de ellos sin recepcionar y por tanto almacenados en la base aérea de Albacete. Ésta es una de las conclusiones que señala el Tribunal de Cuentas en su informe sobre los programas de armamento. El Ministerio de Defensa ha evitado en los últimos años recibir los cazas que salen de la fábrica de Airbus en Getafe «para evitar su reflejo en la contabilidad nacional en atención a los márgenes de déficit público».
De este modo, los aviones que salen de la línea de producción de la factoría pasan a ser propiedad de NEFMO (Organización de gestión del Eurofighter en sus siglas en inglés) por de tres años. No recepcionar el avión no significa no pagar el programa, sólo implica no encargarse del mantenimiento. España se adhirió al proyecto a finales de los noventa con la intención de adquirir 87 naves por 7.445 millones de euros. Tras varias modificaciones en el plan, finalmente el Ejecutivo español compró 73 naves por 12.843 millones. En otras palabras, Defensa pagará 1.412 millones más de lo previsto por 13 cazas menos.
Avión A400M
España se adhirió en 2004 al programa desarrollado por Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Bélgica para la fabricación desde cero del avión de transporte A400M. Poco después lo hizo Turquía. Las siete naciones promotoras del proyecto adquirieron 180 naves, de las que 27 correspondían a España. Tras la reestructuración del programa en 2011, Alemania y Reino Unido recortaron sus pedidos en siete y tres aviones respectivamente, mientras que el Gobierno de Zapatero siguió adelante con las 27 unidades. El coste inicial del proyecto para España se evaluó en 4.442 millones, pero tras varias modificaciones se elevó un 13% hasta los 5.019 millones.
Bajo la dirección de Pedro Morenés, Defensa negocia con Airbus la compra de las 27 unidades, aunque con la intención de que 13 de ellas no sean operativas y rebajar en 1.100 millones el coste del programa. La intención del Ministerio, según el Tribunal de Cuentas, pasa por vender en un futuro «parte» de los 13 aviones no militares.
Helicóptero NH-90
El caso de los helicópteros NH-90, un programa de gestión nacional, es muy similar al de los Eurofighter: pagar más por menos. España adquirió 45 helicópteros en el año 2006 a un coste de 1.260 millones.
Sin embargo, las 45 unidades adquiridas era no operativas. En una modificación de 2010, Defensa decidió rebajar de 45 a 22 el número de pedidos, pero ya operativos y con apoyo logístico. Es coste se elevó 422,4 millones más, hasta los 1.682,4 millones de euros.
Helicóptero Tigre
Los helicópteros Tigre son planes de gestión internacional iniciados por Francia y Alemania en 1999. España se comprometió en 2003 a comprar 24 naves por 1.353 millones de euros. De esas 24 unidades, seis serían versión HAP (Helicóptero de Apoyo y Protección) con el compromiso de transformarlos posteriormente en versión HAD (Helicóptero de Apoyo y Destrucción) y los otros 18, serían directamente HAD.
Defensa recibió en 2013 las seis naves HAP, y tan sólo un año después anuló su reconversión en HAD con el objetivo de «ajustar el techo de gasto», según explica el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización. A pesar de intentar delimitar el presupuesto a base de incumplir los acuerdos iniciales, el coste final del programa se elevó igualmente un 12% hasta los 1.515 millones de euros.
Carro Leopardo
5 En 1998, el Consejo de Ministros autorizó la adquisición de 219 Carros de Combate Leopardo 2E y 16 Carros de recuperación por 1.909 millones de euros. Casi dos décadas después, el programa casi ha finalizado con un sobrecoste de 599 millones. Tras siete modificaciones, que implican cambios en el diseño de los tanques, retrasos en las entregas y alzas del IVA, el importe del contrato se elevó a los 2.508 millones, monto que incluye un exceso de financiación de 18,8 millones.
Esta cifra coincide con la del contrato firmado entre la multinacional que fabricó los Leopardo y el Ejercito de Tierra que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales anuló el 24 de junio. La devolución de los 18,8 millones está en el aire porque forma parte de una adenda que en negociación. El Tribunal critica que el ministerio haya asumido «extracostes» que, en algunos casos, no le correspondían.
A su vez, el organismo señala varias irregularidades. Por ejemplo, el acuerdo inicial se firmó con la Empresa Nacional Santa Bárbara, que a lo largo de la vigencia del contrato se privatizó y se convirtió en GDSBS. La ley obligaba a liquidar el acuerdo inicial y firmar uno nuevo, algo que no se hizo ya que el inicial contiene «un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que el que le hubiera correspondido si se le hubiera aplicado la normativa general».
Buque BAM
La compra de los cuatro buques de acción marítima (BAM) ha tropezado con los sobrecostes, los retrasos y la falta de penalizaciones. El presupuesto inicial del programa, adjudicado a Navantia, era de 352 millones de euros, una cifra que, tras varias modificaciones que incluyen una rebaja del coste en 2010, se ha elevado a 509,9 millones.
El incremento se explica por las revisiones de precios, desviación del seguro, ampliación de los plazos de pago y otras necesidades como la compra repuestos o pertrechos. El programa no incluye penalidades pese a los retrasos: los expedientes se paralizaron sin «causa justificada».
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Antigua Empresa Nacional Santa Bárbara 