DEFEX S.A. la empresa semipública con participacion privada de MAXAM, SAPA, INSTALAZA y EXPLOSIVOS ALAVESES. Santa Bárbara Sistemas vendió su participación en DEFEX antes de ser vendida ella misma a su vez a General Dynamics.
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«‘Pelotazos’ del 50% en los contratos de Defex, una cloaca del Estado
Gobiernos de medio mundo pagan comisiones inexplicables en pedidos de 339 millones con intermediación de esta empresa pública
CARLOS SEGOVIA – 16/10/2016 03:25
Esta semana ha continuado discretamente la depuración y los despidos en la empresa pública Defex tras los escalofriantes informes forensic de PriceWaterhouseCoopers y Deloitte. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción y los correos internos y documentos analizados por las auditoras muestran que Defex es una cloaca del Estado en la que han operado durante años una serie de desaprensivos que montan pelotazos con la venta de armas en el exterior en nombre de España.
Las comisiones medias en los contratos que ha intermediado Defex desde 2008 y hasta 2014 -en que entró en sus instalaciones la Guardia Civil por orden judicial- son del 8% para los agentes contratados y del 9% para la empresa pública. Es decir, pellizcazos del 17% que suponen 57 millones sobre un total de 340, según documentos internos a los que ha tenido acceso EL MUNDO. Eso de media, pero en varios pedidos (ver cuadro adjunto) las comisiones para agentes y el beneficio de Defex -que lo reparte a su vez entre empresarios y consultores afines- llegan a pelotazos en los que el proveedor real se queda con menos del 50% del dinero del contrato. Ésta es la vomitiva situación, según la investigación judicial, de la empresa fundada en 1972 para facilitar las exportaciones de la industria española de armamento.
Los accionistas de este engendro son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con un 51% del capital, seguida principalmente de las privadas Maxam Expal, con un 20%, e Instalaza, con un 10%. En los órganos de gobierno de ambas participan o han participado importantes personalidades de la vida española y de confianza del Rey Emérito como Jaime Carvajal en Maxam o del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Instalaza.
El representante de Maxam Expal en el consejo de Defex es nada menos que el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Francisco Torrente, también muy próximo al padre del actual Monarca. También figura el presidente de Maxam, José Fernando Sánchez Junco, ex director general del Ministerio de Industria con el PSOE. Además, hay en el consejo representantes de Exteriores, Defensa y Economía.
Tal trastienda debería ser garantía de una conducta ejemplar de Defex, pero, según el fiscal Anticorrupción, Conrado Saiz, es incuestionable la participación de empresa estatal «en delitos de corrupción» y de «blanqueo de capitales». Ve «incomprensible su intervención en los hechos» y también «la falta de control y supervisión de las autoridades españolas».
Es desolador. El presidente más longevo de Defex durante décadas, José Ignacio Encinas, fue detenido en una primera fase de la investigación iniciada en 2014, aunque ya había sido relevado dos años antes al llegar al poder el PP. La Sepi nombró presidente de Defex en 2012 a Fernando Aguilar con el respaldo de su cuñada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aguilar, que había sido antes delegado en la oscura delegación de Singapur, terminó siendo también relevado en 2015 y se encuentra imputado desde este verano en la segunda fase de la investigación. En el entorno de la dirigente del PP aseguran que la relación con su cuñado es inexistente desde hace algún tiempo.
La operativa en la empresa dependiente de la Sepi consiste en que empresas españolas privadas quieren vender armamento a Gobiernos extranjeros y éstos prefieren, sobre todo en el Tercer Mundo, que intermedie el Estado español como garantía del material y de financiación. Ahí aparece Defex con el presunto fin de ayudar a exportar, pero con el resultado de entregar sobornos a funcionarios extranjeros, favorecer pelotazos de intermediarios turbios e incluso quedarse con parte del dinero los propios directivos y hasta empleados tras repartir subcontratando a empresarios y consultores con altos contactos. El fiscal sitúa como gran ejemplo el contrato en Angola el 12 de junio de 2008 y que es objeto de investigación desde 2014 bajo secreto de sumario. Se trata del suministro de material a la Policía Nacional de la República de Angola por importe de 152,9 millones, de los que sólo la tercera parte fue al proveedor. Los otros 100 millones se los repartieron altos funcionarios angoleños corruptos, directivos y socios de Defex de la época e intermediarios como Beatriz García Paesa, sobrina del emblemático personaje de las cloacas del Estado, Francisco Paesa. Angola pudo pagar sólo 52,9 millones y se gastó 152,9.
Este pedido africano es el contrato más escandaloso y no ha sido incluido en el cuadro que ilustra este artículo, porque distorsiona la estadística con sus comisiones del 66% entre intermediarios y margen de Defex. Pero es sólo la punta del iceberg. La investigación se extiende a contratos en Arabia Saudí, Camerún, Brasil, Egipto o Indonesia. El actual jefe de Defex, el teniente general Villamía debe limpiar de una vez esta basura y destapar a todos los que participaron caiga quien caiga.»