La Opinión A Coruña – Un juzgado absuelve a los extrabajadores acusados por la empresa de realizar amenazas y coacciones

  «El pasado 14 de noviembre de 2016 se celebró un juicio contra cuatro compañeros por delito leve ante las denuncias de coacción y amenazas por parte de Hércules de Armamento, empresa adjudicataria de las instalaciones de la fábrica de armas en CONCURSO PÚBLICO en presunto fraude que está silenciado por las autoridades y administraciones públicas.

  Pues bien, la jueza dictó sentencia y absuelve a los compañeros al no existir pruebas que demuestren esos hechos. La aportación de un escrito firmado por los trabajadores de esa empresa avalando insultos y coacciones, la declaración escrita de unos inversores portugueses que afirman haber sido insultados al entrar y al salir, y las grabaciones realizadas con las cámaras de la fábrica donde dicen que se demuestran todos esos hechos, han carecido de veracidad como prueba ante este juzgado.

  Con decir que el encabezamiento de la denuncia presentada por Jorge Mejuto, letrado y apoderado de la empresa, relataba la dificultad para acceder y poder salir que sufría el personal que trabaja en la fábrica ante la presencia de personas instaladas en una caseta que los amedrentaban e insultaban, mientras, en el juzgado, la misma persona contestaba a preguntas de la jueza y contradecía totalmente el relato anterior al manifestar que esas personas no impedían la entrada o salida de la fábrica, queda todo dicho.»

Non ó peche da Fábrica de Armas da Coruña

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«Un juzgado absuelve a los extrabajadores acusados por la empresa de realizar amenazas y coacciones

23.11.2016 | 00:58

  El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña absolvió a cuatro antiguos trabajadores de la Fábrica de Armas vinculados a UGT del delito de coacciones y amenazas del que fueron acusados por Hércules de Armamento, la empresa que gestiona en la actualidad las instalaciones, ya que considera que no existe «prueba alguna de los hechos denunciados». La compañía aseguró que estas personas, que formaban parte del grupo extrabajadores que se sitúan a la entrada de la factoría, estaban «amedrentando y e insultando» al personal y a las visitas que llegaban a la planta, y que permanecían en «actitud coactiva y amenazadora». En la sentencia se destaca que el abogado de la empresa admitió que estas personas no impedían la entrada o salida de la fábrica y que el Ayuntamiento no ordenó su desalojo del lugar, al tiempo que atribuye el conflicto a un «problema sindical».