Cuando leímos esta noticia ayer día 27 creímos que era el Día de los Santos Inocentes. Cuatro años lleva el fraudulento ERE de General Dynamics Santa Bárbara Sistemas judicializado chocando con todo tipo de obstáculos para que a los trabajadores se les reconozca que fueron despedidos sin otra razón que la edad. Ni falta de trabajo ni causas económicas. Solo precarizar el empleo.
En este largo camino que da para escribir un libro, la empresa acosó judicialmente a los trabajadores que creía que encabezaban la resistencia para desviar la atención del intento de fraude. Así la empresa demandó a trabajadores de forma individual en Asturias, Coruña y Madrid acusándolos de atentar contra el honor de los directivos, poner en peligro el funcionamiento de la empresa o de revelar secretos con pruebas creadas sabe Dios por quien, ya que la brigada de delitos tecnológicos de la Policía Nacional se encontró con la falta de colaboración de EEUU. Cuatro años soportando el seguimiento de supuestos detectives, requerimientos notariales en nuestras casas, intervención de las comunicaciones personales, ataques a esta página web, intentos de la empresa de que trabajadores en activo nos demandaran, amenazas al anterior alcalde si prestaban un local a los 55 despedidos para un acto público, demanda a la diputada asturiana Cristina Coto por denunciar el fraude, desprestigio ante la opinión pública con las mentiras del catedrático que se esconde tras «fuentes de la empresa» en las relaciones con la prensa, sentencias anulando la presencia y argumentos de los sindicatos que acudieron a la Audiencia Nacional como coadyudantes, desaparición de documentos en su paso al Tribunal Supremo, un juez cobrando de General Dynamics durante el proceso por actividades académicas, una vocal del CGPG pillada por la Guardia Civil cruzando la frontera de Andorra 24 horas después de rechazar nuestras denuncias, detenciones en Sevilla por filtración de pagos a políticos, visitas de la policía para que adoptemos medidas de «autoprotección», advertencias de la AEPD para no hacer públicos datos de General Dynamics, un periodista haciéndose pasar por funcionario del Ministerio de Defensa, …
Nos ha pasado de todo, y ahora el Supremo supuestamente no entiende como funciona el Registro Mercantil y por tanto no admite las pruebas que demuestran el fraudulento ERE y un nuevo saqueo de fondos de la Seguridad Social.
Tras sufrir todo lo anterior, vemos la noticia en la que piden cambios en la legislación laboral. Y lo piden juntos el despacho de abogados que asesoró al PP en la reforma laboral (dicen que en la reuniones del Congreso que estudiaba la reforma laboral, los diputados del PP no acudían e iban directamente los abogados de un gran despacho) que es el mismo despacho que preparó el ERE de Coca-cola, el despacho que preparó el ERE de General Dynamics seguramente con la presencia del abogado que está en todos los foros laboralistas donde hay presencia de un juez, el juez de la Audiencia que juzgó a General Dynamics anulando pruebas, el juez que no acepta las pruebas en el Supremo, y los responsables de recursos humanos de Iberia y Bankia entre otros.
La noticia debió publicarse por error el día 27. Era para hoy, día 28 de diciembre.
¡O eso, o nos toman por imbéciles!
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«Los juristas piden cambios en la reforma laboral
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), que reúne a varios de los grandes expertos en Derecho del Trabajo de España, ha publicado un informe en el que recomienda al Gobierno y a los partidos políticos un cambio del Estatuto de los Trabajadores ante los problemas que está dando su redacción actual.
«Una ordenación consensuada de las relaciones laborales que tenga como objetivo el empleo, el trabajo de calidad, de la productividad y de la competitividad». FIDE, que se declara «plural en su conformación y sin relación con ningún partido político», publica su informe en plena ofensiva del PSOE contra la reforma laboral.
Algunos de estos grandes expertos que han colaborado en los trabajos, a título personal, son María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, que ha coordinado el documento; Ricardo Bodas Martín, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; Jordi Agustí Juliá, magistrado de la Sala de Lo Social del Tribunal Supremo, o Ciriaco Hidalgo, gerente de Relaciones Gubernamentales de Seat. También han colaborado Juan Chozas, director de Recursos Humanos de Bankia y secretario general de Empleo con el Gobierno de José María Aznar; Valeriano Gómez, último ministro de Trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero o Luis Pérez Capitán, director de Relaciones Laborales de Iberia. También hay representantes de grandes despachos, como Arinsa, Backer & McKenzie, Garrigues, Sagardoy o Uría Menéndez, entre otros.
Los expertos piden una reforma laboral en la que en definitiva «los empleos sean dignos, productivos, respetuosos con los derechos de quienes los ejercen, útiles para las empresas, estables y flexibles». Un mensaje contrario a la elevada precariedad laboral, con salarios muy bajos, que están criticando la oposición y los sindicatos. También algún empresario importante, como Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles Marriott.
Los juristas sostienen que «las propias normas reformadoras han persistido indebidamente, a través de distintas vías, en el fomento de la contratación temporal acausal (sic), precaria, incierta y de coste no precisamente inferior al que resultaría del devenir tradicional que espera a un contrato estable o indefinido». Por todas estas razones, los juristas recalcan que «la contratación temporal irregular ha de dar lugar a indemnizaciones claramente disuasorias, con medidas desincentivadoras reales, incluidas las sanciones».
Los expertos explican que la flexibilidad interna en las empresas no puede socavar los derechos de los trabajadores
El documento pide cambios en la regulación de la negociación colectiva que ha hecho la reforma laboral. Pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que la preferencia del convenio de empresa sobre el del sector se aplique con las debidas garantías en la representación de los interlocutores. Es decir que evite lo que está ocurriendo ahora que muchos empresarios se descuelgan del convenio del sector, y remanecen bien con su empresa, bien en su subsector, para romper la competencia. Para ello, instan una representación de los trabajadores para el caso -ad hoc-. Incluso, en ocasiones las empresas despiden a todos sus trabajadores y contratan a una empresa que tiene a empleados que hacen la misma actividad con salarios más bajos.
De hecho, éstas últimas consideraciones de la reforma laboral son las que han suscitado más controversia en la oposición, entre los sindicatos, los expertos y algunos sectores empresariales, que se quejan de esta práctica que hacen algunos de sus competidores. La Cámara Baja acaba de aprobar una Proposición de Ley para reformar la subcontratación.
En este contexto, los juristas sostienen que «es necesario un sistema de acreditación de la representatividad empresarial que garantice, especialmente en los supuestos de pluralidad de representaciones empresariales, la legitimidad de la negociación colectiva». El convenio en la empresa «necesita de representaciones sindicales fuertes y estables», afirman los expertos.
Sobre todo, para garantizar que existe un equilibrio de fuerzas entre la empresa y los representantes de los trabajadores en la negociación de medidas de flexibilidad interna. Por ejemplo, en el salario, la jornada, los turnos o el contrato a tiempo parcial. Por eso dice el documento que «las medidas de flexibilidad interna [en las empresas] han de ser la expresión de un trabajo estable, de calidad, flexible y adaptable». Incluso, que las mejoras en la organización interna de las empresas deben favorecer a ambas partes: por un lado, a las necesidades de la compañía de ganar en competitividad. Y, por otro, «a las necesidades de los trabajadores de conciliación de su trabajo con sus responsabilidades familiares y exigencias personales». Mensaje para el Gobierno, ahora que ha descubierto la conciliación laboral y familiar.»
Antigua Empresa Nacional Santa Bárbara 