El Comercio – El Supremo rechazó anular el ERE de Santa Bárbara aunque «no fue modélico»

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«El Supremo rechazó anular el ERE de Santa Bárbara aunque «no fue modélico»

Una de las movilizaciones contra el ERE en la fábrica de armas de Trubia. / M. ROJAS

Los tribunales asturianos resolverán a partir de ahora más de una treintena de demandas individuales de los despedidos

Los magistrados reconocen fallos durante el proceso de negociación con los sindicatos

SUSANA NEIRA – OVIEDO – 3 junio 2017 – 00:28

  En la mañana del 11 de abril de 2012, Santa Bárbara Sistemas reunió a los sindicatos y les anunció el cierre inmediato de la fábrica de armas de La Vega y el traslado de la producción y los obreros a Trubia. Buscaba «reducir costes, priorizar el empleo y asegurar la continuidad de la actividad» del sector armamentístico, entonces con 640 obreros en Asturias. El 14 de febrero de 2013, tres meses y medio después de culminar esa integración, como lo definió la empresa, trasladó a la parte social el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con 693 salidas, 289 en Trubia, a través de bajas incentivadas, prejubilaciones y despidos forzosos. Tras cerrar, sin acuerdo, el procedimiento, salieron de la fábrica asturiana 246 trabajadores, 55 de ellos de manera forzosa.

  Cuatro años después, el Tribunal Supremo da carpetazo a la pretensión social al considerar que el ERE fue legal y que no hay motivos para anularlo a pesar de que, como recoge la sentencia comunicada a las partes este jueves y a la que ha tenido acceso este diario, «la tramitación del despido no ha sido modélica».

La empresa logra un contrato de munición 343.000 euros

  Los magistrados reconocen, en síntesis, varios aspectos denunciados por los sindicatos: que no se les entregó información sobre el número y la clasificación profesional de los trabajadores afectados, la ausencia de información económica de cada una de la cinco plantas entonces abiertas (Trubia, La Coruña, Granada, Sevilla y Madrid), la ausencia en ese momento de las cuentas consolidadas, las retribuciones del Consejo de Administración y la «conclusión del periodo de consultas de manera unilateral por la empresa antes de la finalización del periodo de consultas» (lo cerró 24 horas antes de lo que correspondía).

  Aún con todo, el Supremo también llega a cuestionar en su escrito de setenta páginas la labor de los sindicatos recurrentes. Entre otras cuestiones, asegura que «en ningún momento a lo largo del periodo de consultas los representantes de los trabajadores solicitaron mayores datos o precisiones sobre el desglose funcional y territorial de los afectados, lo que sugiere, en los términos señalados, que la información de la que disponían les parecería suficiente». Tampoco, indica, las cuentas consolidadas, uno de los principales caballos de batalla entre las pares. Santa Bárbara alegó para el cierre unas pérdidas de 68,2 millones de euros y finalmente, perdió 11.000 euros en el ejercicio 2012, recordaron los afectados. Entre esos números se cuela la mudanza de La Vega a Trubia: en uno de los apartados figura un gasto de 2,8 millones por el traslado.

  El Supremo, haciendo suyas las conclusiones de la Fiscalía, considera por tanto que existieron razones económicas, organizativas y productivas» para aplicar el ERE. Estima que «se ha acreditado la contundente realidad, quedando probado una disminución de ingresos en 88,1 millones de euros entre 2008 y 2011 mientras que en este mismo periodo los costes de personal pasaron de 78.4 a 86,8 millones.

«Ánimos bajos»

  Desde el colectivo de despedidos de la fábrica de armas de Trubia, que se concentran cada mes frente a sus puertas para reclamar su readmisión y el propósito es seguir haciéndolo aunque «los ánimos están bajos», reconoció un portavoz, insistieron ayer en que toda la sentencia es «un despropósito» y todo el proceso «se basó en una mentira». «Nos despidieron a nosotros y ahora están metiendo gente», lamentaron. Por su parte, queda pendiente la resolución de las demandas individuales contra Santa Bárbara, más de una treintena solo en Asturias. El Supremo marcará jurisprudencia sobre lo ya juzgado, pero quedan otros asuntos pendientes, como cuestiones económicas en las liquidaciones. También esperan que la Comisión Europea se pronuncie a su favor al considerar que en este enjuiciamiento se vulneraron sus derechos fundamentales.»